Ambientalista sobre nuevo debate por represas: “Corpus está prohibido por ley”
“Lo de la Comip (Comisión Mixta del Río Paraná) es ilegal, porque están destinando dinero público para promover algo que está prohibido por una ley vigente. Para hablar de un nuevo plebiscito, primero hay que declarar inconstitucional la ley actual”, sostuvo en diálogo con La Voz de Misiones.
Luján remarcó que el rechazo expresado por la ciudadanía misionera en el plebiscito de 1996 continúa plenamente vigente y consideró que volver a discutir la represa implica desconocer la voluntad popular.
“Eso no tendría que estar en debate. Si hablamos de respeto a la democracia, tenemos que empezar por respetar las leyes respaldadas por la voluntad popular. Más en un momento donde vemos una profunda crisis institucional, política y gremial en el país”, señaló.
El referente ambientalista apuntó además contra funcionarios nacionales y provinciales que impulsan estudios o actividades vinculadas al proyecto hidroeléctrico.
“Ya están faltando a la ley por el solo hecho de gastar y disponer de fondos públicos para investigaciones y proyectos que están prohibidos. Tendrían que empezar explicando por qué están haciendo esos gastos”, afirmó.
En ese sentido, recordó que la Ley Rama XI - Nº 5 del Digesto Jurídico Provincial establece que el resultado del plebiscito es aplicable a cualquier emplazamiento sobre el río Paraná.
“La ley es clara: no importa que le cambien el nombre o la ubicación, Corpus está prohibido. Incluso uno de sus artículos establece que el gobierno provincial tiene la obligación de advertir a los funcionarios nacionales cuando intentan avanzar sobre esa voluntad popular”, explicó.
Luján también cuestionó que recientemente se haya desarrollado una actividad vinculada al tema dentro del Ministerio de Cambio Climático de Misiones.
“Nosotros estuvimos presentes, aunque no participamos. Le pedimos al ministro que antes de comenzar aclararan que existe una ley que prohíbe avanzar con este proyecto, pero no lo hicieron. Y ocurrió dentro de un ámbito público, lo cual es gravísimo”, denunció.
El ambientalista sostuvo, además, que la legislación provincial encuentra respaldo en la Constitución Nacional, particularmente en el artículo 124 incorporado en la reforma de 1994, que reconoce la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales.