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El avance del modelo extractivista y el despojo de comunidades originarias sumó un nuevo capítulo esta semana tras el desalojo de siete familias mbya guaraní que integran Puente Quemado II, en la localidad misionera de Garuhapé.
La Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico dictaminó que debe dejarse sin efecto el desalojo ejecutado el martes pasado sobre la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, en Garuhapé, al considerar que la medida fue concretada mientras permanecía pendiente de resolución un recurso de apelación presentado por la defensa.
La Dirección de Asuntos Guaraníes, junto al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, realizó un pedido de informes a la Justicia por el desalojo de siete familias de la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, registrado el martes pasado en la localidad de Garuhapé.
Tras la suspensión de una orden de desalojo emitida por el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América el pasado 17 de julio, esta mañana efectivos policiales arribaron al predio de la comunidad mbya Puente Quemado II en Garuhapé, para ejecutar la medida que desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) calificaron como “irregular”.
Los ocho integrantes de la comunidad mbya Puente Quemado II regresaron al predio en el que residen, sobre el Lote 178, Parcela 141 del Paraje Cañafístola, de donde el pasado martes 5 de mayo fueron desalojados “de manera encubierta” y demorados durante toda la tarde en la comisaría local.
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