En una nota anterior, se señalaba desde el título que, la agricultura familiar se encuentra en crisis, un decir que se ha convertido en un lugar común y que sin embargo no deja de tener sustento en la realidad. Este estado se agrava a medida que el tiempo político corre, porque no es el mismo tiempo de las organizaciones de la agricultura familiar, que ven de reojo la falta políticas hacía su sector y la desarticulación y desmantelamiento de la secretaría, en un ministerio donde tal como indica su nombre, lo prioritario es la agroindustria.
La reciente renuncia del Secretario de Agricultura Familiar Oscar Alloatti, que renunciara entre otros hechos puntuales señalados en la disputa de poder interno y aquejado por la falta de presupuesto. Los fondos girados desde Nación solo alcanzaron para el funcionamiento orgánico de la secretaría y apenas sobraron migajas para desarrollar hechos aislados y apuntados como políticas para el sector por el oficialismo. En la última reunión realizada en septiembre las organizaciones nucleadas en el Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que está integrado por 13 organizaciones campesinas e indígenas de nivel nacional, que junto a representantes del Ministerio de Agroindustria, INTA y SENASA, debaten y asesoran sobre la aplicación de políticas para el sector, reclamaron la reglamentación de la Ley Nº 27.118 “De Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”, pero no fueron escuchados y solo pudieron oír cantos de sirenas y excusas dilatorias.
Estas organizaciones si bien representan a un espectro amplio de agremiados y expresaron su descontento, hay otras que a nivel provincial y con números muy representativos también hacen oír su malestar y están en sintonía con los mismos reclamos de aplicación de la Ley Nº 27.118 y el otorgamiento de un presupuesto más alto, que permita el desarrollo de políticas a largo plazo y no remedos caritativos, que después se publicitan en las páginas oficiales como grandes logros, cuando los que están implicados saben que de logro tienen muy poco y de grande menos.
Muchas veces la voz oficial suena a burla. Basta mencionar las palabras del ministro Ricardo Buryaile a los productores de la provincia de Buenos Aires, aconsejándoles ir a vender a la feria en lugar de regalar verdura en la Plaza de Mayo, en el marco de una protesta en concordancia por los puntos antes mencionados. Es conocido que el cierre y clausura de Ferias Francas es un hecho catastrófico en provincias como Mendoza para dar un ejemplo y que los desalojos y usurpaciones están a la orden del día en lugares como Santiago del Estero. El caso Manaos es un ejemplo concreto.
A esto hay que sumar también el desguace que se quiere hacer con el INTA, donde el presupuesto otorgado para el año próximo pone en peligro los puestos de trabajo de 700 técnicos y a la vez se opera para quitarle la autarquía, vital para su funcionamiento. No son detalles menores y son tenidos en cuenta por todos los que de una u otra manera están comprometidos con la agricultura familiar y un modelo de producción que apunta al arraigo, la Soberanía Alimentaria y la sustentabilidad de las producciones y las economías regionales, como políticas de desarrollo.
Pero no solo desde el estado se opera en contra de los intereses de los agricultores familiares, el llamado a asamblea digitado por la FONAF y que convoca solo a organizaciones afines a la actual directiva de la organización, para entre otras cosas vender la sede de la entidad en la C. A. B. A., tiende también a esto, a desarticular la voz de los agremiados e invisibilizar la protesta. Ante esta situación, ya son muchas las organizaciones que se plantean una auto convocatoria con medidas de fuerzas en todas las rutas del país, en un marco de unidad por encima de los encuadramientos que tenga cada organización, porque el momento es crucial y de esa unidad depende la fortaleza que se tenga para enfrentar a las políticas neo liberales que viene aplicando el estado, entre ella la apertura de las importaciones.
Hay que tener en cuenta que la Agricultura Familiar genera 1.000. 0000 de puestos de trabajo y también el 53% de la producción del país. Es obvio que la apertura del mercado es de magnitud negativa, ya se ha visto con la llegada de peras y manzanas de Israel y porque la misma favorece a los intermediarios y mercados concentradores que expolian a los pequeños productores, agricultores familiares y campesinos que son forzados al abandono de sus campos y sus parcelas, para que las mismas pasen a formar parte de las tierras que necesita la agricultura industrial, para continuar la política oficial de ensanchar la frontera agropecuaria, tal como se manifiesta en el Plan Belgrano.
Cabe preguntarse entonces, si no ha llegado la hora de las organizaciones en las rutas, para frenar el ajuste y también la aniquilación de un sector que puede y debe desarrollarse en otros términos.