Choferes de Uber marcharon en contra de la ordenanza que regula la actividad
Con una concentración en la Plaza 9 de Julio y una posterior marcha hacia la sede del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas, los conductores de Uber repudiaron la ordenanza aprobada este jueves que regula la actividad, denunciando que el ítem que restringe la habilitación a los autos con más de seis años de antigüedad afecta a un gran porcentaje de los 2.000 choferes activos que registra la aplicación en la capital provincial.
El texto sancionado por el Concejo establece como requisitos para la circulación legal de Uber y otras aplicaciones de transporte carnet categoría D1, seguro para el transportado, auto y carnet radicados en el municipio, antecedentes penales provinciales y que antigüedad del vehículo que no supere los seis años.
Justamente, ese último punto es uno de los más cuestionados, ya que los choferes indican que muchos de ellos cuentan con automóviles más antiguos, ante lo cual no podrían trabajar más a pesar de tener el rodado en buenas condiciones.
Otros reclamos
En diálogo con RadioActiva 1007, los manifestantes lamentaron que los ediles "exigen el cambio de la licencia de conducir, una contratación de un seguro y básicamente aportar a la municipalidad".
“Buscan sacar a más del 90% de los Uber de la calle por las medidas tan extremas que han tomado. Por eso vamos a reclamar por nuestro derecho adquirido”, dijeron en alusión al seguro para circular denominado Sura, el cual provee la misma plataforma digital, pero no es reconocido por la medida implementada por el municipio.
Actualmente, son más de 2.000 los conductores de Uber que circulan en Posadas, varios de ellos contando con autos y carnet registrados en los municipios aledaños, lo cual también se convirtió en motivo de protesta.
A la movilización de este viernes también se sumaron las motos que prestan el mismo servicio, pero no fueron incluidas en la ordenanza.
Frente al HCD realizaron un pedido especial a través de una nota dirigida a su presidente, Jair Dib, con el objetivo de que sus reclamos sean considerados dentro de la ordenanza aprobada, pero que aún aguarda su reglamentación por parte del Ejecutivo municipal.