Destituirían a otro intendente renovador por corrupción en General Urquiza

El Concejo Deliberante de General Urquiza decidirá este martes la eventual destitución del intendente Ricardo Enríquez sobre quien pesan seis cargos formulados por la Comisión Investigadora que analizó una serie de irregularidades de su gestión, además de varias denuncias por librar cheques sin fondos y no entregar los balances anuales ante el Superior Tribunal de Cuentas de la Provincia.

La situación de Enríquez está complicada pese a que asegura que podrá explicar toda la situación. Sin embargo, ante las reiteradas negativas del funcionario a entregar documentaciones y después de haber admitido que libró cheques sin fondos, tal como consta en el libro de Acta del Concejo Deliberante, los ediles impulsaron una comisión investigadora. Entre los cargos contra el intendente hay graves negligencias en sus funciones determinada por el Tribunal de cuentas; manifiesta y reiterada inconducta en el ejercicio de sus funciones y negativa a suministrar información requerida por el Concejo Deliberante.

Los otros tres cargos en contra del funcionario comunal indican que no contestó pedidos de informes y no colaboró con la comisión investigadora; no tener un contador designado por el municipio y el desvío de desembolsos transferidos al municipio por el Fondo Solidario de la Soja desde el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, con obras incompletas en algunos casos e inexistentes en otros. Según la publicación del diario Misiones Plural, el intendente Enríquez contó con cinco días para hacer su descargo y si bien entregó distintas documentaciones dentro del plazo fijado, que los concejales  analizan, también impugnó los cargos de la Comisión a través de un abogado que contrató en forma personal.

Enríquez asumió la comuna de General Urquiza en 2011 y fue reelecto en 2015. Sobre el intendente pesan denuncias por cheques sin fondos que fueron librados a través del Banco Nación (según informó la propia entidad) u otros a través del banco Macro (según denuncias penales de afectados) y por obras que figuran como ejecutadas pero que sin embargo los concejales constataron con un escribano público que no fueron realizadas, como puentes, entoscado, o cerramientos y reparaciones del viejo edificio municipal, entre otras.