El 30% de la población trans en Misiones dejó de estudiar por discriminación
El relevamiento, realizado sobre un total de 183 personas de toda la provincia, también señala que el sistema educativo continúa siendo el principal ámbito donde este colectivo sufre discriminación. De acuerdo con el informe, el 43,1% de los casos reportados ocurrieron en instituciones educativas, seguido por el sistema de salud (26,6%), el entorno familiar (19,5%) y el trabajo o la búsqueda de empleo (10,9%).
Respecto de la trayectoria educativa, el estudio indica que el 32% de la población trans misionera inició estudios universitarios y el 11,6% cursó estudios terciarios. Sin embargo, el 61,9% no logró completar el nivel educativo que comenzó.
"Este patrón, sumado al hecho de que el 30% debió abandonar sus estudios por motivos de discriminación, evidencia la persistencia de barreras estructurales en el sistema educativo", se desprende del documento publicado en el sitio oficial del organismo.
La salud
Otro de los puntos que expone el relevamiento está relacionado con la salud. La hormonización figura como el tratamiento corporal más frecuente entre las personas trans, aunque el 42,9% de quienes la realizan no cuenta con un seguimiento médico permanente. De ese total, el 29,8% recibe controles de manera intermitente y el 13,1% no tiene supervisión profesional.
Sobre esa cuestión, el Observatorio apuntó que esta situación, "de relevancia clínica", merece atención específica por parte del Ministerio de Salud provincial.
Además, el informe muestra una fuerte dependencia del sistema público de salud. El 74,8% de las personas trans consultadas afirmó atenderse en hospitales públicos o centros de atención primaria, mientras que el resto lo hace en clínicas o consultorios privados.
Asimismo, también alerta sobre las intervenciones o tratamientos realizados durante la infancia o adolescencia sin consentimiento. En ese sentido, el 14,2% de las personas encuestadas afirmó haber atravesado este tipo de situaciones. El organismo advierte que se trata de un "indicador particularmente sensible en términos de derechos humanos" y sostiene que esta cifra "configura un escenario de vulneración que amerita intervención específica desde las políticas públicas de protección de la niñez".
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