La defensa de Santa Cruz analiza pedir el apartamiento de la fiscal

Es porque consideran que actúa con “animosidad” contra la ex Miss Argentina. Negaron que haya salido del país y advierten: “la fiscal ya tuvo una llamada de atención en este expediente”.

POSADAS. La noticia sobre un viaje al exterior de la abogada Rocío Santa Cruz, recientemente condenada a cuatro años de prisión por ser responsable del accidente de tránsito que le costó la vida a un empleado municipal en enero de 2016, generó la inmediata reacción de la Justicia que, ante la denuncia de la fiscal María Laura Álvarez, citó a la rea a presentarse en el mismo juzgado que la condenó.

Luego de la trascendencia mediática de unas fotos que ubicaron a Santa Cruz en un vuelo entre Asunción, Paraguay y Lima, Perú en la mañana del 24 de diciembre, la citación puso en alerta a la ex reina de belleza, quien llegó a tiempo con los plazos estipulados para la presentación; negó haber salido del país y continuó en libertad.

Salven a la reina

La batalla legal librada entre la defensa de Rocío Santa Cruz -a cargo de los abogados Eduardo Paredes y José Luis Rey- y la fiscal en lo Correccional y de Menores N°1 de Posadas, María Laura Álvarez, tiene por ahora como ganadores a los representantes de la ex modelo, quien todavía no purgó en la cárcel un solo día de su condena a cuatro años de prisión.

Hasta aquí, el trabajo de la defensa es tan preciso que nunca estuvo en juego la libertad de Santa Cruz, a quien el test de alcoholemia le comprobó 0.88 gramos de alcohol sangre, en un análisis realizado con el alcoholímetro, al menos seis horas después del accidente.

Durante el juicio, la bioquímica Laura Soledad Aguilera, que le practicó el test de alcoholemia, declaró: “A Santa Cruz se le hizo el test a las 12.28 de ese día. Ella accedió. Sopló el alcoholímetro y dio 0,88. Le pregunté si estaba conforme y que de lo contrario le podía hacer un examen por extracción de sangre. Ella respondió que estaba conforme. La vi con los ojos enrojecidos y aliento etílico”, precisó.

Pero el informe del análisis de sangre practicado en la Morgue Judicial a la víctima fatal -el empleado municipal Ramón Cabrera- arrojó un resultado que colaboró con el argumento de la defensa sobre la “responsabilidad compartida”; ya que el occiso reveló, en dos pruebas diferentes, 1.45 y 1.56 gramos de alcohol en la sangre.