Lideresa mbya ante la ONU: “Nuestro modo de vida está en riesgo en todo el país”
En ese marco, reiteró al Estado argentino la titulación inmediata y colectiva de los territorios indígenas y la implementación efectiva de la consulta previa, libre, informada y de buena fe en todos los proyectos que los afectan.
Según consta en el documento al que tuvo acceso La Voz de Misiones, inicialmente, el mensaje de quien integra la comunidad mbya Arandú, situada en la localidad misionera de Pozo Azul, estuvo dirigido a las autoridades y miembros del Foro: “Señora Presidenta, distinguidos miembros del Foro Permanente. Vengo en representación de los pueblos indígenas de Argentina, y especialmente del pueblo Mbya Guaraní de la comunidad Puente Quemado II, en la provincia de Misiones”.
Puente Quemado II, hace más de dos décadas enfrenta disputas territoriales con la empresa forestal multinacional Arauco. Al mismo tiempo, su funcionamiento impacta sobre el ambiente y la población, que se ve imposibilitada de consumir el agua del río y de las vertientes cercanas como consecuencia del alto nivel de contaminación que presentan, vulnerando así los derechos a la identidad cultural, la niñez indígena, la salud y a un ambiente sano.
“Nosotros somos preexistentes al Estado argentino. Nuestro territorio no es una mercancía, es el espacio donde se sostiene nuestro modo de vida, nuestra espiritualidad y nuestra identidad. En nuestro idioma esta concepción se expresa como “Ñande Reko”. Hoy ese modo de vida está en riesgo en todo el país”, alertó.
En ese sentido, apuntó contra el agronegocio: “Un factor que vulnera el derecho a la salud de los pueblos originarios ya que el Estado argentino no ha garantizado la titulación de los territorios comunitarios indígenas. Esta falta de seguridad territorial permite el avance de empresas forestales, mineras y del agronegocio sobre nuestros territorios”.
Por lo que reiteró el pedido de respeto por la cultura y las normas vigentes: “No se respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada. Se aprueban proyectos extractivos sin consultar a las comunidades, mucho menos tomar en cuenta su consentimiento, violando el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
“Exigimos el reconocimiento de los territorios indígenas mediante títulos comunitarios y garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada. Esto no es un pedido, es una obligación del Estado. Las consecuencias son concretas y graves para la salud de nuestra gente. La supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas —y en particular de las mujeres y niñas— depende de la garantía efectiva de sus derechos colectivos sobre los territorios, los recursos naturales y el acceso al agua limpia, tal como lo reconoce la Recomendación General N.º 39 del CEDAW”, añadió.