Amarilla y Palaveccino se abstuvieron de declarar por la protesta policial
Los policías retirados Ramón Amarilla (57) y Germán Palaveccino (46), delegados" de la protesta policial realizada en mayo, se abstuvieron de declarar al momento de comparecer ante la Justicia en el marco de la causa que investiga los episodios registrados durante los 12 días de conflicto.
Tal como estaba previsto en el cronograma de indagatorias trazado por el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, los uniformados retirados se presentaron esta mañana ante el magistrado Ricardo Balor y una vez en la audiencia decidieron abstenerse de declarar por recomendación del abogado defensor conjunto que designaron.
"Hasta que él se interiorice bien de la causa nos ha propuesto esta situación, de abstenernos. Nosotros siempre nos hemos puesto a disposición de la Justicia. Esta situación que ha pasado es solamente un reclamo salarial que se ha hecho", señaló Amarilla a la salida del juzgado.
Las indagatorias a los uniformados identificados como participantes de la protesta que se prolongó desde el 17 hasta el 29 de mayo frente al Comando Radioeléctrico de Posadas comenzó el jueves de la semana pasada y se extenderá hasta el 8 de julio.
Con Amarilla y Palaveccino, hasta el momento ya comparecieron ante la Justicia seis de los 15 uniformados citados inicialmente.
Los implicados están acusados de formar parte de un conjunto de agentes, tanto policiales como penitenciarios, activos y retirados, que mediante el uso de medidas de fuerzas que tienen prohibidas por el propio reglamente disciplinario policial ejercieron acciones coercitivas para exigir mejoras salariales al gobierno provincial.
Desde el punto de vista judicial, estos hechos podrían traducirse en imputaciones por delitos que van desde sedición, que prevé penas de hasta seis años de prisión, hasta hurto, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y coacción agravada.
Según la acusación, durante la protesta los uniformados no prestaron servicios de manera adecuada, usurparon oficinas públicas, sustrajeron y utilizaron móviles para uso particular, como así también otras herramientas de trabajo como armas de fuego, chalecos antibalas, escudos, etcétera.
En la causa intervienen el juez Balor y el titular de la Fiscalía de Instrucción Seis, René Casals.