La Justicia citó a declarar a 17 policías involucrados en la protesta salarial
Exactamente cuatro semanas después de culminada la protesta policial llevada adelante durante doce días frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas en reclamo por mejoras salariales, al menos 17 agentes, tanto activos como retirados, identificados como impulsores y partícipes de las medidas de fuerzas, comenzarán mañana a responder ante la Justicia por hechos que encuadrarían bajo las figuras de sedición, hurto y peculado, entre otros delitos.
Las indagatorias fueron solicitadas por René Casals, titular de la Fiscalía de Instrucción Seis, quien tras analizar una gran cantidad de elementos de prueba, entre ellas cámaras de vigilancia, informes periciales y el testimonio de denunciantes y testigos, estableció un listado de involucrados y de delitos presuntamente cometidos.
El pedido fue elevado al magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis, quien dio lugar al planteo y libró las notificaciones correspondientes a un total de 17 uniformados, quienes deberán comparecer ante sus estrados para prestar declaración indagatoria desde mañana hasta el lunes 8 julio.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, se realizarán dos indagatorias por día y los primeros serán un agente con prestación de servicios en la comisaría Segunda de San Vicente y otro que integra la División Investigaciones de la Unidad Regional IX de Jardín América.
Para el próximo martes, en tanto, están citados los denominados “referentes” o “voceros” de la manifestación, el suboficial mayor retirado Ramón Amarilla (57) y su camarada también retirado Germán Palaveccino (46).
El listado inicial apuntaba a 15 efectivos, pero a última hora el fiscal Casals también requirió la comparecencia ante la Justicia de dos bomberos y con ello el número de implicados se elevó a 17. Se solicitó, además, informes al Servicio Penitenciario Provincial (SPP), por lo que el número de citados podría aumentar aún más de acá en adelante.
Las fuentes consultadas señalaron que, en principio, los uniformados están acusados de formar parte de un conjunto de agentes, tanto policiales como penitenciarios, activos y retirados, que mediante el uso de medidas de fuerzas que tienen prohibidas ejercieron acciones coercitivas para exigir mejoras salariales al gobierno provincial.