Jueces y redes sociales, el mecanismo para instalar tendencia
La decisión del juez Claudio Bonadío de procesar y pedir el desafuero para poder encarcelar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como la detención de ex funcionarios, activó una estrategia de blindaje mediático para rescatar al Gobierno Nacional del pozo de críticas y cuestionamientos más duros desde su asunción, y colocar en agenda nuevos temas.
El magistrado consideró que tanto la ex mandataria, como sus antiguos colaboradores: el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; el ex canciller, Héctor Timermann, además de los dirigentes Luís D‘Elía y Fernando Esteche; y Jorge Khalil de la comunidad islámica, actuaron como encubridores en la investigación del atentado a la AMIA.
Fue en momentos en que la administración del presidente Mauricio Macri empezaba a quedar sin oxígeno ante una oleada de observaciones y cuestionamientos de la oposición, pero también desde adentro de la alianza oficialista, por una serie de iniciativas de fuerte impacto social.
La desaparición del submarino ARA-San Juan; el lanzamiento de una reforma previsional; el tratamiento de un acuerdo fiscal con las provincias que incluye la reformulación de la distribución de fondos, se habían transformado en los principales dolores de cabeza de la administración Macri, y concentraban, además, la tendencia entre los temas más tratados en las redes sociales.
A ello se sumó la proyectada reforma laboral que crispó los ánimos en las organizaciones sindicales que no tardaron en responder, aunque tibiamente, mientras desde el Gobierno preparaban el contraataque con la disolución de unos 200 gremios a los que considera innecesarios.
El cóctel descrito había dejado en un tercerísimo plano la pelea con los archienemigos kirchneristas y en forma peligrosa comenzaron a gestarse las primeras reacciones internas, como las de Lilita Carrió, una socia aún difícil de domar en las filas de Cambiemos.
Se imponía entonces la necesidad de una reacción rápida y efectiva, como las que acostumbra a poner en marcha el oficialismo mediante la explotación de su maquinaria comunicacional, “trolles” incluidos, a fin de revertir el cuadro de situación desfavorable de la opinión pública, cuyo humor interesa y mucho.
En ese contexto no resultaría aventurado encontrar vinculaciones entre el fallo del juez y las necesidades del gobierno, como se advirtió desde la oposición y no fueron negadas desde el oficialismo, aunque las conjeturas resultaron infinitas y seguirán, seguramente.
Al final, se reflotó el interrogante acerca del proceso judicial debido en cuestiones reservadas a la política, por un lado, y estrechamente vinculadas con la revalorización de los derechos humanos, como la libertad de las personas, en un rango equivalente a la preservación de la vida. El sentido común debería imponerse.