El agua como excusa para perpetuar el poder de Arauco

Quién tiene la responsabilidad de garantizar derechos es el Gobierno, no la empresa. El agua potable es un derecho humano y su provisión forma parte de las obligaciones indelegables del Estado. Una multinacional privada no puede asumir el lugar del Gobierno provincial, mucho menos cuando esa empresa mantiene intereses económicos sobre el mismo territorio donde pretende intervenir. Arauco no es un organismo público, no representa el interés general ni tiene la obligación constitucional de garantizar derechos. Su naturaleza es privada y responde a una lógica empresarial. Permitir que ocupe el lugar que el Estado dejó vacío significa profundizar una relación de dependencia y otorgarle todavía más poder dentro de un territorio indígena atravesado por un conflicto judicial y territorial.

La gravedad aumenta porque Arauco no llega a Puente Quemado II como un actor neutral. La comunidad mantiene desde hace años un reclamo territorial frente a la multinacional y exige que abandone tierras que considera parte de su territorio ancestral. Existen antecedentes que documentan 333 hectáreas reclamadas por la comunidad sobre las cuales avanzaron con monocultivos de pinos. Por eso resulta inadmisible presentar a Arauco simplemente como una empresa que llega a “dar agua” sin mencionar el conflicto que existe entre ambas partes. Esa narrativa elimina el problema territorial, borra la concentración de tierras y transforma a una empresa cuestionada por las comunidades en una supuesta solución social.

En ese escenario, la actuación del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones y de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes ejercen un rol clave de la complicidad estatal con la empresa. Fueron estos organismoslos que facilitaron la presencia de Arauco en una instancia presentada como consulta previa, libre e informada. En vez de asumir el Estado directamente la responsabilidad por la obra, termina habilitando a una empresa privada para intervenir sobre una necesidad que debería haber sido resuelta hace años mediante políticas públicas. Esa decisión no equilibra la relación entre las partes; la profundiza. De un lado existe una multinacional con enormes recursos económicos, jurídicos y comunicacionales. Del otro, una comunidad indígena que reclama agua potable, territorio y condiciones elementales para vivir. Frente a semejante desigualdad, el Estado debería proteger a la parte más vulnerada y garantizar sus derechos, no abrirle nuevas puertas de entrada a la empresa dentro del territorio.

También preocupa la utilización de estas instancias bajo la figura de la consulta. La consulta previa, libre e informada fue reconocida para proteger a los pueblos indígenas frente a decisiones estatales y empresariales que puedan afectar sus territorios. No fue creada para producir fotografías institucionales, legitimar reuniones ni convertir la presencia de una comunidad en sinónimo de consentimiento. Puente Quemado II sostiene que no acordó que Arauco realizara la perforación. Esa afirmación debe ser respetada. Participar de una reunión no equivale a autorizar una obra, y mucho menos cuando existe una relación profundamente desigual y un conflicto territorial todavía abierto.

Mesa de diálogo entre referentes de Puente Quemado II, DDHH, Asuntos Guaraníes y Arauco el 31 de julio.

Estos encuentros tienen un valor especifico para las políticas de sostenibilidad corporativa de Arauco. La empresa publica reportes anuales, mantiene certificaciones internacionales y debe demostrar estándares sociales y ambientales para sostener parte de su posicionamiento global. Las relaciones con pueblos indígenas y los procesos de consulta forman parte de esos marcos. Por eso una fotografía de diálogo con una comunidad tiene un valor empresarial enorme. Alimenta reportes de sostenibilidad, refuerza certificaciones y proyecta una imagen de respeto a los derechos indígenas que contrasta con los conflictos territoriales que las comunidades vienen denunciando. Ahí aparece el escenario concreto del greenwashing: utilizar una necesidad básica como el acceso al agua para construir legitimidad social mientras el problema estructural de la tierra permanece sin resolver.

El Gobierno de Misiones no puede permitir que una necesidad extrema de la comunidad sea convertida en capital reputacional para una empresa extractiva. Cuando se trata de agua potable, salud, vivienda o infraestructura básica, el Estado debe estar presente con recursos públicos, obras públicas y garantías públicas. El acceso al agua potable es un derecho humano. La perforación, la infraestructura, el control de la calidad del agua y el mantenimiento del sistema constituyen responsabilidades que el Gobierno de Misiones debe asumir mediante una política pública.

La asimetría territorial vuelve esta situación todavía más grave. Arauco concentra más de 230.000 hectáreas en Misiones y tiene una presencia dominante en numerosos municipios de la provincia. Frente a ese poder territorial, Puente Quemado II reclama el reconocimiento efectivo de las tierras necesarias para sostener su vida comunitaria, donde gracias a Arauco atraviesa una profunda situación de desigualdad social y territorial.

La comparación muestra con claridad quién tiene capacidad económica, política y jurídica para imponer condiciones y quién depende de que el Estado cumpla con su obligación de garantizar derechos. Por eso la construcción del pozo no puede quedar en manos de Arauco. Debe ser realizada por el Gobierno de Misiones, con financiamiento público, control público y participación real de la comunidad en cada decisión. El Estado debe garantizar la perforación, la calidad del agua, el mantenimiento del sistema y la continuidad del servicio sin condicionamientos empresariales de ningún tipo. Esa es su función y esa es la responsabilidad que viene incumpliendo.

Puente Quemado II no necesita caridad empresarial. Necesita que se respete su territorio y que el Estado haga lo que debe hacer. Necesita agua potable sin tener que negociar con una multinacional que mantenga intereses sobre sus tierras y destruya el ecosistema donde habita. Necesita que la Dirección de Asuntos Guaraníes y el Ministerio de Derechos Humanos protejan sus derechos colectivos y no terminen legitimando la expansión del poder empresarial dentro de la comunidad. Necesita que el Gobierno provincial ejerza su obligación pública.

Lo que ocurre con el agua resume una discusión mucho más profunda sobre el modelo de provincia. Cuando el Estado abandona los derechos básicos y deja que una empresa extractiva ocupe ese lugar, no desaparece el poder estatal: se pone al servicio de otra lógica. Se construye una relación donde la corporación gana presencia, legitimidad y capacidad de intervención mientras la comunidad continúa dependiendo de decisiones ajenas para acceder a condiciones mínimas de vida.

El agua no puede convertirse en moneda de negociación dentro de un conflicto territorial ni en una herramienta para lavar la imagen de una multinacional. Garantizarla es responsabilidad del Gobierno de Misiones. Arauco debe respetar el territorio indígena y el Estado debe dejar de entregarle funciones que nunca debieron salir de lo público.