El fin no justifica los medios

Citando como leading case “Cameron vs. Johnson”, Gargarella expone que las decisiones de las cortes en Estados Unidos han sido muy rigurosas cuando los manifestantes no tenían permiso para realizar sus manifestaciones y cuando ellos habían interferido innecesariamente con el tránsito en las calles.

Para los constitucionalistas existen muchas normas constitucionales que de relevancia en esta discusión. Entre los ejemplos, podríamos referirnos al derecho que poseen las personas a la libertad de expresión, al derecho de reunión, al derecho de peticionar ante las autoridades (artículo 14 de la Constitución Nacional) o a los amplios derechos sociales consagrados en el artículo 14 bis entre los que se incluye el derecho a huelga.

En Argentina, en una de las primeras decisiones judiciales sobre este tema, el juez federal Ricardo Napolitani, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Comodoro Rivadavia, sostuvo en julio de 1999 que “no hay derechos absolutos, porque todos los derechos deben ser ejercidos de acuerdo a las leyes que los regulan, tomando en cuenta su finalidad así como los intereses que estos protegen”.

En los casos analizados por Gargarella en su trabajo de investigación, este tipo de alegatos supuso que los manifestantes no podían ser autorizados a ejercer, por ejemplo, su derecho a protesta en formas que afecten severamente los derechos de los demás, por ejemplo, el derecho a libre tránsito y el derecho a ejercer el comercio. En una decisión más reciente e importante, en el caso Schiffrin, la Cámara Nacional de Casación citó a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación al afirmar que “los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que razonablemente regulaban su ejercicio”.

La linea argumentativa que encontramos en las opiniones de muchos juristas reconocidos es clara, Gregorio Badeni sostuvo que “la libertad de expresión es una libertad legítima, pero no absoluta”. De manera similar, Juan Carlos Cassagne, afirmó que el derecho a peticionar ante las autoridades “no era absoluto”, porque este, como todo otro derecho, “debería ser ejercido de acuerdo con las leyes que regulan su ejercicio y respetando los límites establecidos por la Constitución en el artículo 22 (que se refiere al delito de sedición)”. Citando a uno de nuestros padres fundadores, Juan Bautista Alberdi, Cassagne concluyó su argumento diciendo que “la libertad de cada hombre termina donde comienza la libertad de sus prójimos”.

La huelga puede representar el ejercicio pleno de un derecho constitucional conforme el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, o bien, puede convertirse en un acto de abuso del derecho y hasta en un acto extorsivo y manifiestamente ilegal. Cuando el poder de daño es muy alto, aumenta la posibilidad de que la huelga deje de ser una medida de presión para transformarse en una virtual extorsión en virtud de que los daños que habría que soportar son muy graves comparados con el costo de las reivindicaciones que se llevan adelante.

El abuso del derecho es aquel en el cual el titular ejerce el mismo en exceso de las facultades y atribuciones concedidas por la legislación, de modo que afectan la buena fe, la proporcionalidad y la razonabilidad, la moral y las buenas costumbres, y en particular, el objetivo ético y central de ese derecho, para lograr un rédito irrazonable y
desproporcionado que trae aparejado daños impredecibles y distorsivos.

El Código Civil argentino es claro, en su artículo 10 establece que hay abuso del derecho cuando se vulnera el ejercicio regular de un derecho propio. Por ende, la ley no ampara el ejercicio abusivo de de los derechos y se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por
la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

Asimismo, el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.

Una protesta política disfrazada

Mayo de 2024 no fue un mes más en el calendario para los misioneros, ya que bajo la excusa de una protesta impulsada por reclamos salariales, personas vinculadas a la docencia y a los policías pergeñaron una manifestación que reunió todos los elementos de una movida de desestabilización contra el Gobierno Provincial. Es menester dejar en claro que los reclamos por mejoras salariales son justos, pero cuando se lo utiliza como pantalla para disfrazar un movida que en realidad tiene una intencionalidad política, ese justo reclamo pierde todo tipo de legitimidad.

Rememorando lo sucedido, todo se inició en la madrugada del viernes 17 de mayo cuando un grupo de policías bajo las órdenes de los oficiales retirados Ramón Amarilla y Germán Palavecino, cabecillas del insólito alzamiento policial, tomaron el Comando Radioeléctrico ubicado en la avenida Uruguay y Félix Bogado de la Ciudad de Posadas.

Un grupo de policías robaron 18 patrulleros, un autobomba y una camioneta de la policía científica, los cuales permanecieron secuestrados durante las casi dos semanas del alzamiento pese a la existencia de una orden judicial que ordenaba su inmediata restitución a las respectivas dependencias policiales.

Durante el conflicto, el fiscal de Instrucción N°6, René Casals, advirtió que la protesta había cometido graves y numerosos delitos, entre los cuales mencionó: “incitación a la violencia”, “desobediencia de la orden judicial”, “robo de vehículos y otros elementos”.

Consultada sobre el conflicto en Misiones, la entonces Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich fue contundente: “la policía no puede ser piquetera”. Una expresión que guarda relación con un paradigmático fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en 2017 que estableció la prohibición del derecho a huelga de las fuerzas policiales, porque sus funciones, según el Máximo Tribunal, no pueden quedar suspendidas por ningún período de tiempo.

Otro de los momentos más álgidos de la intentona desestabilizadora se dio el jueves 23 de mayo en la Cámara de Representantes de Misiones cuando un grupo de manifestantes provocaron diferentes daños en el edificio donde se llevaba a cabo la sesión. La columna de violentos rompió el vallado preparado por la seguridad y con gran esfuerzo, integrantes de la Policía de Misiones lograron evitar que los manifestantes ingresen al recinto, en lo que podría haber sido un hecho de consecuencias trágicas. Al frente de esas acciones se encontraban la dirigente de la CTA Mónica Gurina y los dirigentes docentes Leandro Sanchez, Estela Genesini y Carlos Lezcano, entre otros.

Luego del hecho, la Justicia impuso una restricción de acercamiento a los sujetos identificados durante el ataque al
edificio de la Legislatura Misionera. Llamó la atención la presencia en esa lista de Nicolás Rolón y Carlos Matías Bernhardt, militantes de Franja Morada y de la Juventud Radical.

Existe gran cantidad de material fotográfico y fílmico que permite probar la estrecha cercanía de dirigentes radicales y de otros espacios opositores durante los días de acampe, quienes se acercaron al lugar del acampe para llevar insumos a los manifestantes, incluso hasta baños químicos.

Lo cierto es que un genuino reclamo de algunos sectores de trabajadores misioneros que han sufrido el cimbronazo de la crisis económica nacional fue desvirtuado groseramente y terminó convirtiéndose en una protesta hiperpolitizada desde algunos sectores opositores que, envueltos en un mar de contradicciones y en su propia torpeza, quedaron expuestos.

Los meses posterior terminaron de confirmar lo que se especulaba desde el principio: la verdadera motivación de la protesta era política. Ramón Amarilla, Germán Palavecino y Mónica Gurina finalmente terminaron siendo candidatos a legisladores dentro de espacios opositores.

Un freno al uso abusivo de los derechos

A raíz de un expediente que tuvo origen tras denuncias de comerciantes de la avenida Uruguay, quienes aseguraron que el acampe docente les generaba pérdidas económicas, reducción de ventas, daños en la mercadería expuesta y dificultades en el acceso vehicular y peatonal, el 31 de mayo de 2024 el juez de turno Ricardo Balor impartió una
orden judicial tendiente a despejar la avenida Uruguay de Posadas. El día 1 de junio la Policía notificó a los manifestantes, en presencia de testigos y en ese momento la calzada fue desocupada. Horas más tardes del mismo día, volvieron a cortar totalmente la avenida, haciendo caso omiso a lo dispuesto por la Justicia. El 3 de junio, la Policía de Misiones constató nuevamente el bloqueo y registró la presencia de los dirigente
sindicales imputados en la causa.

Aunque el 7 de junio de 2024 se firmó un acta acuerdo entre el Gobierno provincial y los gremialistas, en el cual se establecía el compromiso de no promover acciones legales contra los manifestantes que participaron del acampe, la Justicia aclaró que ese tipo de acuerdos no frena la acción penal pública.

Esta causa llegó a debate oral la semana pasada, previo rechazo de una probation por parte de los sindicalistas Gurina y Sánchez. Al respecto, la Fiscal que intervino en el juicio María Laura Álvarez subrayó que la causa llegó a juicio oral porque los imputados rechazaron la suspensión del juicio a prueba ofrecida días antes. “Era una alternativa de resolución de conflicto. Yo sugerí que ellos enseñen, que den clases en un comedor durante un tiempo, y con eso se extinguía la acción penal”, manifestó la funcionaria judicial.

Por otra parte, aclaró que aceptar la probation no implica admitir culpabilidad, ya que el artículo 76 bis del Código Penal expresa que no implica reconocimiento del hecho. Se suspende el juicio por un plazo determinado y, cumpliendo tareas comunitarias, se extingue la acción penal.

En una entrevista en Misiones Online, la fiscal Álvarez se refirió a la supuesta “criminalización de la protesta” que se intento instalar por parte de los abogados de los sindicalistas que basaron toda su defensa en fundamentos del garantismo penal, corriente de pensamiento criminológico con sesgo utilitarista impulsada por el ex ministro de la
Corte Eugenio Zaffaroni. Al respecto sostuvo que “no se criminaliza la protesta. Yo soy hija de la democracia y es un derecho constitucional. Pero ningún derecho es absoluto cuando vulnera a otros.”

En ese sentido, enumeró los derechos afectados: “el libre tránsito público y privado, el derecho al comercio, el consecuente derecho alimentario, el daño al medio ambiente por la quema de neumáticos”. Y remarcó que “cuando un derecho colisiona con otros, hay que ponderar. La Corte Suprema lo ha dicho: ningún derecho es absoluto”.

La condena de la jueza Marcela Leiva se transforma en un antecedente histórico que pone un freno al abuso del derecho. El fallo dispuso reglas de conductas estrictas: fijar domicilio, no cometer nuevos delitos y cumplir ocho horas mensuales de trabajo comunitario fuera del horario laboral, acreditando cada mes el cumplimiento ante la
Justicia.

El derecho a reclamar por un salario digno es legítimo, pero cuando ese ejercicio del derecho se vuelve abusivo, perjudicando derechos de terceros la Justicia tiene la obligación de hacer cesar esa conducta. Los derechos de una persona terminan donde empiezan los derechos de otra, es un principio que rige la convivencia social y debe ser
respetado.