Entre el crimen digital y la política: el caso Kiczka y el rol del Estado
Por: Aryhatne Bahr
Encontrándonos en las vísperas de unas nuevas elecciones provinciales, resurgen sentimientos de entusiasmo, incertidumbre, emoción y ansiedad. Viejas y nuevas alternativas de campaña comienzan a desplegarse, con recorridas locales y provinciales, y un elemento que, para algunos, hoy cobra más relevancia que nunca: la tecnología y las redes sociales.
En este contexto, podemos observar como nuestra vida sucede en gran medida a través de una pantalla. Lo digital hoy es moneda corriente y, así como esto nos trae un sinfín de beneficios y oportunidades, también nos enfrenta al mundo de la ciberdelincuencia donde estafadores, redes de pedófilos, pederastas y abusadores acechan en las sombras. Lamentablemente, nuestra provincia lo ha descubierto de la peor manera: de forma abrupta y sin anestesia. Es así como a comienzos del año 2024, nuestro Cantón Verde, nuestra Tierra sin mal, comenzaba a transitar los meses más oscuros de nuestra relativamente corta, pero enriquecedora historia.
Como resultado de un operativo internacional, “Guardianes Digitales por la Niñez”, se logró identificar ocho domicilios en el país desde donde se compartía material de abuso sexual infantil (MASI), entre estos, uno situado en la localidad de Apóstoles. A estas alturas resulta inoportuno reiterar las aberraciones que se encontraron en este domicilio, basta con decir que, en un lapso de 39 días, el ex diputado del partido político “Activar”, habría descargado y compartido más de 603 archivos de bebes, niños, niñas y adolescentes siendo abusados sexualmente. Es preferible omitir los detalles, ya que son de público conocimiento.
Nuestra provincia, de manera histórica, ha sabido construir un camino valioso a partir de hechos que sacudieron a nuestra sociedad, que dejaron una marca imborrable, y que inclusive hace que hoy algunos políticos carguen con el peso de la historia y la responsabilidad del daño causado a nuestra tierra colorada. Y, el caso del ex legislador, no es la excepción. Por lo tanto, resulta fundamental tomar este hecho como un precedente para evitar que se repita.
En Misiones, este mensaje fue comprendido a la perfección. Lo cierto es que, para quienes nos interiorizamos en el análisis de los delitos cometidos en entornos digitales, todo lo ocurrido tras la revelación de este caso resulta alentador y esperanzador. Esto se debe a que el gobierno provincial, al tomar plena conciencia de la magnitud y gravedad de estos delitos, impulsó un amplio despliegue de capacitaciones, talleres y jornadas de prevención en distintas localidades de la provincia. Sin dejar de mencionar los diversos operativos realizados por organismos, entidades e instituciones que tomaron rienda del asunto.