Yacyretá: balances opacos y blindaje reservado para monumento a la corrupción

Durante su gestión, que concluyó de forma abrupta en febrero de 2022 en medio de una feroz interna por los millonarios contratos para la maquinización del brazo Aña Cuá, se terminaron de consolidar las bases de la inacción institucional. Bajo su firma se gestaron las inconsistencias operativas y la falta absoluta de previsiones contables ante el viejo reclamo de ERIDAY-UTE, dejando el terreno allanado para que los baches financieros del “monumento a la corrupción” se diluyeran en el letargo de la desidia binacional.

La raíz del engaño es profunda y se manifiesta en las pérdidas operativas. El reemplazó de Barrios Arrechea fue el ingeniero formoseño Fernando Antonio De Vido, un alfil de estrecha confianza de Gildo Insfrán. Tuvo una gestión corta, hasta diciembre de 2023 al finalizar el gobierno de Alberto Fernández, y firmó los balances que apelaron a la “contabilidad creativa” de los “Cargos Diferidos”.

Bajo su administración, la EBY retiró los resultados negativos del ejercicio corriente y los desvió artificialmente hacia la cuenta de “Cargos Diferidos - Cuenta de Explotación”, prefiriendo esconder la basura bajo la alfombra del diferimiento y sobrevaluar el rubro de Propiedades, Planta y Equipos mediante la activación indebida de gastos de la elevación a Cota 83. De Vido se marchó dejando un capital licuado y un vacío legal tarifario provocado por la no ratificación interna de las Notas Reversales de 2017 —un tema tan interesante como extenso y técnico, con una historia de romance diplomático de fondo—.

Pero volvamos al lapidario informe conjunto de “auditores independientes”: es corto, cinco carillas, pero puesto bajo la lupa de los analistas de control reviste una gravedad institucional y contable extrema. “Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría... y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos”, se lee en el documento fechado el 27 de marzo de 2025, que lleva estampadas las firmas de Leonardo Etcheverry, por la AGN, y Manuel Stark Robledo, de Auditores y Consultores Asociados de Paraguay.

Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el ingeniero civil Alfonso Peña asumió la dirección ejecutiva en febrero de 2024. Excompañero de estudios de Mauricio Macri y hombre proveniente del riñón de las constructoras privadas, Peña llegó con un discurso de reordenamiento técnico, pero le tocó gestionar la crudeza de la parálisis civil. Bajo su mando, la obra de ampliación en el brazo de Aña Cuá se frenó por completo, sitiada por los sobrecostos y las disputas con los contratistas.

Peña fue el responsable de estampar la firma en la polémica Adenda Nº 9 al contrato Y-C-AMPLYA. Es un cuento corto: se trata de un acuerdo modificatorio que inyectó un sobrecosto directo de US$ 30 millones al presupuesto de Aña Cuá —elevando el costo global de la obra a unos US$ 450 millones— con el único fin de financiar la paralización de la obra civil y costear el mantenimiento de estructuras ociosas entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. Una maniobra no para avanzar en la infraestructura física, sino para financiar la parálisis: mantener campamentos y mitigar los reclamos del consorcio constructor.

La consecuencia directa de esta transición precaria es un lucro cesante masivo. Al patearse la puesta en marcha de las turbinas hacia 2028-2029, la EBY deja de facturar un estimado de US$ 70 a US$ 80 millones anuales en concepto de energía incremental; un bache de facturación millonario que restringe severamente la autonomía financiera del ente.

Esta adenda encendió las alarmas de los auditores porque los fondos no se tradujeron en un avance real del hormigón, sino en el financiamiento de un “Programa de Transición” pactado con el consorcio contratista para mitigar reclamos e indemnizaciones, consolidando además un millonario retraso energético hasta fines de la década.

Segundo acto: A este escenario arribó en enero de 2026 el actual director Ejecutivo de la EBY, Diego Luis Adúriz, primo hermano del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. Ingeniero civil, con un perfil nítidamente financiero y de control de daños corporativos, Adúriz asumió el manejo de la margen izquierda de la binacional con un mandato extendido hasta 2031.

Su llegada coincidió de manera milimétrica con la aprobación de la Resolución N° 56/2026 de la AGN, de marzo de este año, en la que se aprueba formalmente el Dictamen con Abstención de Opinión producido sobre las cuentas de 2023. Esto significa que el máximo órgano de control de la República Argentina respalda de manera unánime y oficial que los estados financieros de Yacyretá no son auditablemente confiables en su conjunto debido al impacto crítico de sus variables pendientes de definición.

La resolución 56 demuestra que el problema excede lo contable; es un conflicto de arrastre político-diplomático institucional que mantiene congelado el balance de uno de los principales activos energéticos del país, impidiendo conocer su verdadera situación patrimonial desde hace años.

Tercer acto: La AGN vuelve a subir al escenario a través de la Resolución N° 166/2026, aprobada el 6 de agosto de este año, que representa la conclusión técnica y procedimental definitiva de un largo proceso de fiscalización sobre la EBY. Es la consecuencia lógica: si un balance obliga a una abstención de opinión, significa que los mecanismos de control, registro y procesamiento interno de la empresa fallaron o son deficientes.

Pero la AGN introduce aquí la novedad del “carácter de reservado”. La gran diferencia radica en el tratamiento legal de la información: mientras que los motivos de la Abstención Financiera son públicos por su impacto directo en la Cuenta de Inversión del Estado Nacional, el Artículo 2º de esta nueva resolución dispone explícitamente “la reserva del presente informe” bajo los términos del artículo 30 de la Resolución N° 77 de 2002.

¿Por qué este cambio? Desde la óptica de la auditoría gubernamental, un informe sobre fallas en el Control Interno Contable describe las vulnerabilidades sistémicas, debilidades en los sistemas informáticos, fallas de conciliación de cuentas y grietas operativas de la entidad. Hacer públicas estas debilidades en una infraestructura estratégica binacional podría comprometer la seguridad financiera o corporativa del ente frente a terceros o contratistas en litigio (como ERIDAY-UTE).

Es, en este punto de quiebre donde cobra dimensión el rol de la AGN al disponer la reserva de dicho informe. Lejos de convalidar el ocultamiento, la declaración de “carácter reservado” opera como una trinchera de legítima defensa institucional frente a la rapiña corporativa. Desglosar públicamente las grietas del sistema contable, las fallas de los registros informáticos de facturación y las debilidades de las conciliaciones de deuda de la represa hubiera significado entregarle en bandeja de plata a los abogados de ERIDAY-UTE las pruebas necesarias para hundir al Estado en el tribunal arbitral de París, donde se dirime un litigio histórico que oscila entre los US$ 800 y US$ 1.500 millones.

Aquí el hilo conductor de la historia se vuelve filoso y muerde el centro del poder real. El consorcio ERIDAY, encabezado globalmente por las multinacionales Webuild y Vinci, tejió desde su origen en 1983 una alianza indisoluble con el entramado del soporte local. En el corazón de esa UTE civil estuvo Sideco Americana, la nave insignia de la Familia Macri.

Los vínculos no son una conjetura del pasado ni una nota al pie: la herencia del negocio de la patria contratista une de forma lineal los reembolsos impositivos de los años ’80 y ’90 con el actual reclamo multimillonario en la Cámara de Comercio Internacional. Cualquier laudo o acuerdo extrajudicial que intente destrabar el litigio no solo beneficiará a los gigantes, sino que derramará de forma proporcional millones de dólares directos en las cuentas de las firmas locales socias, entre ellas, las empresas ligadas históricamente al apellido del expresidente.

Lo cierto es que Yacyretá funciona hoy como un colador incontrolable de deudas cruzadas donde los sucesivos administradores se han mostrado incapaces de consolidar el Tratado original. La complacencia de las autoridades que estuvieron al frente de la EBY durante todo este proceso es el verdadero monumento a la ineficiencia; han preferido gerenciar lo cercano y estirar los plazos antes que poner el cuerpo para sanear la aorta comercial y energética del país.

El director ejecutivo de la EBY no es un cuadro técnico y mucho menos independiente, previamente se había desempeñado como consejero del ente y en las filas de Cammesa, siempre bajo la órbita del Palacio de Hacienda. Ahora, a Adúriz le corresponde la responsabilidad administrativa de ejecutar este plan de remediación “confidencial”, mientras intenta reordenar las finanzas frente a los retrasos de pagos del mercado eléctrico mayorista. Además de los problemas que tiene con la intervención solapada de Santiago Caputo .

Los hombres que responden al asesor de Milei en la EBY podrían tener su propio capítulo, sería más vertiginoso, con ribetes policiales, y pizza con champagne. Allí entraría Ignacio “Nacho” Palacios , asesor y comisario político de la entidad, mecánico y actual coleccionista de autos; Juan Pablo Arrechea , de carrera en la binacional y conocedor de la botonera, ahora dirige la poderosa Secretaría General y el siempre lubricado Departamento de Obras Complementarias, y Jorge Omar Waisman , jefe de Seguridad e Informaciones de la EBY, sus amigos en Miami lo llaman el “Tucu” y estuvo como cuatro años como policía del municipio de Bal Harbour Village —ubicado en el condado de Miami-Dade, Florida—, donde también cumplió funciones como patrulla marina, manejando una lancha, y jamás. tuvo nada que ver con la DEA, el FBI ni ninguna otra fuerza de Estados Unidos; Antes de vestir el uniforme de policía municipal, Waisman estaba a cargo del cuidado de un parque público de la misma ciudad.

El trío comienza a ser visto con interés desde un estudio jurídico de Miami en el marco de una causa judicial. Prestamos en dólares, servicios de logística, mensajería internacional y transporte de encomiendas . Un peliculón filmado en escenarios naturales en Estados Unidos, Argentina y Paraguay.

Mientras tanto, me pregunto si el Congreso se dignará a estudiar el dictamen de la AGN, que es inapelable: Yacyretá presenta un cuadro de desquicio estructural . Los saldos están desnudos porque el control interno fue desmantelado o ignorado deliberadamente. La reserva dictada sobre el sistema contable es la última retaguardia que le queda al Estado para no terminar pagando los platos rotos de una fiesta privada.

¿Cuánto tiempo más tolerarán las instituciones democráticas que el principal activo hidroeléctrico de la nación siga gestionándose a ciegas, a la intemperie de la legalidad y de espaldas a los intereses de los argentinos ? La primavera de las auditorías ya pasó; ahora es el tiempo de que la Justicia y el Congreso exijan rendición de cuentas en el barro de la realidad.