Revuelo por datos cruzados sobre la presentación de la ex modelo al regresar de Perú
Una publicación porteña denunció "complicidad judicial" en el trámite. Pero fuentes judiciales remarcaron que "se actuó dentro de las normas vigentes para el caso". La liberación de la ex modelo condenada reavivó aspectos de la causa.
POSADAS. La fecha del retorno de la ex modelo Rocío Santa Cruz al país tras un viaje de placer a Perú, provocó un revuelo a partir de la publicación de un diario digital que puso en duda el trámite que se realizó en la Justicia provincial.
De acuerdo con el portal Infobae hubo una supuesta “complicidad judicial” en el registro de la presentación de la mujer, sobre quien todavía pesa una prohibición para abandonar el país.
Santa Cruz fue condenada a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por la muerte de Ramón Cabrera, un empleado municipal al que arrolló con su auto en enero de 2016, cuando conducía alcoholizada por la avenida Quaranta.
Por ese motivo desde entonces debe comunicar sus movimientos hasta tanto el fallo condenatorio quede firme, pero al desobedecer el requisito judicial, estuvo detenida a principios de febrero y hasta el pasado 6 de este mes, cuando recuperó la libertad.
El último incidente reavivó otros tramos de la causa como las circunstancias de la presentación de la condenada tras un viaje a Perú, ya que Infobae sostuvo que un secretario habría confirmado que lo hizo el 26 de diciembre de 2018 en horas de la mañana.
En aquel entonces, los medios locales divulgaron que la exigencia se cumplimentó recién en horas de la tarde del mismo día, y así fue asentado en los registros, como también las comunicaciones telefónicas previas de Santa Cruz, común en este tipo de gestiones.
En tanto, fuentes judiciales confirmaron que el proceso de citación, localización y presentación de la ex modelo “se cumplió dentro de las normas vigentes, una vez que se hicieron públicas las denuncias sobre su paradero en el exterior”.
La reciente salida de prisión de Santa Cruz mediante un recurso de habeas corpus que dio curso la jueza Georgina López Liva, dejó abierta una serie de interrogantes jurídicos que podrían desembocar hasta en un pedido de enjuiciamiento contra de la magistrada.