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Jueves, 24 de septiembre de 2026- Posadas, Misiones, AR
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Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, uno de los cinco hackers de Eldorado acusados del ataque al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, reconoció el hecho y desmarcó al resto del grupo.
El joven de 22 años fue indagado en las últimas horas por la fiscal especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, Daniela Dupuy, y la jueza Araceli Martínez, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°29 de la ciudad de Buenos Aires.
Según informó el diario porteño Perfil, en su declaración, Nuñes Pinheiro reconoció la autoría del SIM swapping mediante con que logró acceder a la información del teléfono móvil del ex funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, y dijo que le pagaron por el trabajo.
El joven fue empleado de JYC Electronic y Mobile Shop, los dos comercios allanados la semana pasada en el marco de la investigación del hackeo a D’Alessandro y a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; el fiscal general de Caba, Juan Bautista Mahiques, y el diputado nacional del PRO Diego Santilli.
Nuñes Pinheiro dijo a la fiscal Dupuy y la jueza Martínez que lo contactaron por Telegram, que le pagaron $15.000 por cada ataque, y que el pago se efectivizó con criptomonedas. "Me pagaron $15.000 por objetivo", dijo el joven, según publicó el sitio Infobae.
Para ser indagados, el joven y el resto de los acusados, su padre Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, Antonio Aquino, Julio César Escobar y Cecilia Mercado, debieron viajar a Buenos Aires para presentarse en la sede judicial porteña.
Nuñes Pinheiro dio a entender que por “la terminología que usaba”, la persona que lo contactó sería de Misiones.
Otro de los acusados, Antonio Aquino, de 30 años y dueño de GSM Express, un local dedicado a la venta y reparación de teléfonos celulares, negó a la prensa porteña cualquier vinculación con el hackeo de D’Alessandro, los jueces y el diputado del PRO.
Lo mismo hizo el acusado Escobar: "Soy un pequeño empresario que la viene remando hace más de 15 años, 18 horas por día con mi esposa y después de ese tiempo logramos tener una cómoda y tranquila vida económica porque somos prolijos”, dijo a Perfil.
Ambos rechazaron cualquier vinculación con la política misionera. “No tenemos o tuvimos algún vínculo con la política en Misiones, jamás", aseguraron.
En una primera lectura, la fiscal Dupuy había llamado la atención sobre las supuestas conexiones de Aquino con al menos tres personas vinculadas a la escena política de Eldorado.
Mencionó que el joven se desplazaba en un automóvil Audi A3 y en una moto Yamaha, identificada con la patente A034DWS, que figura a nombre de Héctor Daniel Irala, funcionario del Ministerio de Hacienda de Misiones, y de la que el presunto hacker disponía una cédula azul desde el 22 de septiembre de 2021.
Citó, además, la vinculación de Aquino con el director de la Unidad Regional V de Vialidad Provincial y candidato a concejal por la lista del intendente Fabio Martínez, Hugo Kovalski.
Según dijo la fiscal, el hacker mantendría relación con familiares muy cercanos a Kovalski, “lo cual infiere una vinculación que excedería el plano solamente político y público”, afirmó.
Según fuentes de la investigación, la banda de hackers de Eldorado venía intentando violar los teléfonos del funcionario porteño, y los jueces y fiscales federales, desde mayo de 2022.
En septiembre, irrumpieron en los celulares de Basso, Hornos y Giménez Uriburu; y más tarde, en octubre, concretaron el hackeo a Santilli y D’Alessandro.
El hackeo del teléfono del ministro porteño se registró en la tarde del 19 de octubre, a través de un ataque conocido como “sim swap”, la duplicación del chip del celular, que a la vez aparece como la técnica más común.
Los chats filtrados del ex funcionario de Rodríguez Larreta sacaron a la luz conversaciones de la comitiva de jueces, fiscales y Ceos del grupo Clarín que viajaron a mediados de octubre de 2022 a la estancia del magnate británico Joe Lewis, en Lago Escondido, Río Negro, donde hablan de cómo fraguar y ocultar con facturas truchas el encuentro “secreto” en el sur, entre otras revelaciones.
Según la investigación, los hackers misioneros cometieron un error fatal, que condujo al equipo de Cibercrimen hacia ellos: chequearon información de sus objetivos en las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), y dejaron suficientes rastros digitales para ser descubiertos.