Arjol propone remover imágenes religiosas de espacios y edificios públicos
El diputado nacional por Misiones Martín Arjol, junto a otros tres legisladores, presentaron un Proyecto de Ley en el Congreso de la Nación para la "Remoción de los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos y edificios pertenecientes al Estado Nacional".
Junto al parlamentario misionero, firmaron la bonaerense Karina Banfi, autora principal; y acompañaron Fabio Quetglas, de provincia de Buenos Aires, los tres del bloque de la UCR; mientras que Fernando Iglesias, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del bloque del PRO, completó la nómina de suscribientes.
La iniciativa otorga "un plazo de 90 días a todos los espacios y edificios públicos pertenecientes al Estado Nacional para remover todos los símbolos religiosos. Se exceptúa la medida en aquellas imágenes o símbolos que se encuentren en espacios públicos y edificios pertenecientes al Estado Nacional cuando estos formen parte del lenguaje arquitectónico".
En cuanto a la finalidad de los distintos elementos, explica que: "La autoridad de aplicación definirá el destino de los diferentes objetos que sean retirados de los espacios públicos y edificios públicos".
Fundamentos
Con respecto a los fundamentos, los legisladores explicaron en el proyecto que "el propósito del mismo es el de garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como de garantizar el carácter laico de los poderes públicos en el territorio de la República Argentina".
En la misma línea continúa: "La simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del Estado Nacional. Argentina es un Estado laico respetuoso de la diversidad cultural y religiosa como así también de la libertad de culto, del principio de igualdad y no discriminación en relación con el derecho a la libertad de conciencia".
Además, piden que "el Estado garantice el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos".
Para finalizar, Arjol y los autores hacen foco en la carta magna: "El Estado argentino debe cumplir con los principios de libertad religiosa y de conciencia explícitos en el artículo 14 de la Constitución Nacional, así como asegurar su laicidad y cumplir con los tratados internacionales con jerarquía constitucional".
El proyecto ya había sido presentado en dos oportunidades, en 2018 y 2020, y en ambos casos fue rechazado.