Denuncian a Rovira por enriquecimiento y piden que le prohíban salir del país
Se trata de la denuncia Nº 283/2026, impulsada por el dirigente radical de Eldorado, Gustavo González, radicada ante la fiscal Amalia Spinato, con competencia de la jueza de Instrucción Carla Freitag.
En el escrito, González acusa a Rovira de la “presunta comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito de Funcionario Público en concurso real”, en virtud de lo establecido en el artículo 268, inciso 2º, del Código Penal de la Nación, con la presunción de otras figuras penales, como “negociaciones incompatibles con ejercicio de funciones púbicas”, “omisión maliciosa de declaraciones juradas” e “infracción a las leyes de dominio público e hidráulico”.
En su denuncia, Gonzalez extiende la acusación “a toda otra persona que resultare autor, coautor, testaferro, cómplice o encubridor” de los delitos que le imputa a Rovira, y pide que “a los fines de garantizar la investigación, se disponga la prohibición de salida del país y el oportuno desafuero” del legislador y fundador del Frente Renovador de la Concordia.
En el punto 2, el escrito de González repasa la trayectoria política de Rovira y destaca que dado que el ex gobernador “no registra haber ejercido formalmente actividades comerciales, empresariales, industriales o profesionales independientes con capacidad de generación de ingresos” en más de 25 años, se desprende que “la totalidad de su subsistencia legal y de su núcleo familiar, deviene directo de las remuneraciones y dietas fijadas por la ley para el ejercicio de la función pública”.
Mansión y estancias
Seguidamente, la denuncia se enfoca en la “desproporción patrimonial” que exhibe Rovira y que se contrapone con lo señalado en el punto 2, como “el inmueble y mansión”, que el diputado provincial posee en la zona residencial ribereña conocida como Puerto Laurel; las “estancias y activos inmobiliarios”; el “entramado empresarial”, que involucra a sus hijos; y su “vinculación con contratistas del Estado”.
En cuanto a la residencia de Rovira en la costa del río Paraná, la denuncia resalta que el inmueble ocupa “14.000 metros cuadrados” y “ostenta un valor millonario y cuenta con infraestructura de alto costo económico”, que contraría los ingresos del legislador en todos sus años en la función pública.
En cuanto a las “estancias y activos inmobiliarios adicionales”, González menciona una finca de “gran extensión territorial”, ubicada sobre la ruta 105, entre Garupá y Fachinal, de “valor millonario”, sobre la que pesan “severas sospechas de titularidad real o mediante sociedades satélites”.
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