El intendente de Puerto Rico fue procesado y embargado por $3 millones por fraude al Estado
La medida fue adoptada por el juez federal Claudio Bonadío. Fue en el marco de una investigación sobre el destino de fondos de programas para el tratamiento de residuos.
POSADAS y BUENOS AIRES. El intendente de la localidad misionera de Puerto Rico, Federico Neis, fue procesado por fraude con fondos públicos y embargado por 3 millones de pesos, en el marco de una investigación sobre un plan nacional para el tratamiento de residuos.
Además de Neis, en la medida adoptada por el juez federal Claudio Bonadío figuran otros 91 alcaldes de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz, Chubut, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y La Pampa.
Los intendentes, además de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, así como otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo, participaron en los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).
Las maniobras con fondos públicos se habrían cometido entre 2013 y 2015 a través de distintas municipalidades, las que debían llevar adelante programas especiales para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, es decir, la basura que se genera en cada casa.
El magistrado federal también dictó el sobreseimiento de otros tres y la falta de mérito de uno. Los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos, ya que según sostuvo “cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado”.
El monto del perjuicio fue estimado por Bonadío en 604.529.670 de pesos, concretado mediante “maniobras que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas de igual manera por la alzada”.
Los principales beneficiados de los programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete, fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).
Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales”, según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.