El Pays pidió suspender auditorías en discapacidad: “Es maltrato y humillación”
Con una presentación judicial contundente, el Partido Agrario y Social (Pays) de Misiones, encabezado por el dirigente Héctor “Cacho” Bárbaro, denunció el viernes el accionar cruel e inconstitucional del Gobierno nacional contra miles de beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad. Ante el Juzgado Federal de Oberá, dirigentes solicitaron la suspensión inmediata de las auditorías que se están llevando adelante con una violencia institucional inadmisible.
“Lo que está haciendo el gobierno nacional con chicos con discapacidad es una aberración, por eso estamos cumpliendo nuestra promesa de defender a los más vulnerables”, expresó Bárbaro con profunda indignación al salir del juzgado. “Queremos que se pare esta auditoría hasta que definan un mecanismo que no humille a las personas. No estamos en contra de que revisen si algunos casos no deben cobrar, pero lo que están haciendo es maltrato, es desinformación y es una humillación”.
La presentación judicial fue realizada por los diputados Cristian Gabriel Castro, Blanca Ester Álvez y el propio Bárbaro (mandato cumplido), quienes promovieron una medida autosatisfactiva exigiendo la suspensión del proceso de auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Argumentan que las auditorías, tal como están instrumentadas desde marzo de este año, violan derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la Ley de Protección de Datos Personales. Además, denuncian que hay clínicas privadas que especulan con la necesidad de las personas discapacitadas y le cobran 50 mil pesos para realizar los controles que se exigen en la auditoría.
En Misiones se auditan unas 80 mil pensiones por invalidez, mediante citaciones que en muchos casos no llegan por carta documento. Los beneficiarios deben presentarse en centros de salud distantes, en fechas precisas, bajo la amenaza de perder el único ingreso mensual que perciben: 207 mil pesos.
En localidades del interior, donde los domicilios se identifican por número de lote o parcela, la entrega de cartas resulta prácticamente inviable. Al conocer esta situación, la Andis recurrió a una práctica escandalosa: la publicación de listados con nombres completos, fechas y horarios en medios de comunicación y redes sociales, violando la confidencialidad y exponiendo públicamente a personas con discapacidad.