El PRO impulsa proyecto para derogar artículos de la ley de ciberdelitos
La diputada provincial por el PRO, Miky González Coria, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Misiones para derogar los artículos 5, 6 y 7 de la Ley XIV - Nº 16, que regula la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos.
La creación de dicha dependencia judicial fue impulsada por el ex gobernador y conductor político Carlos Eduardo Rovira y aprobada por la legislatura con 27 votos afirmativos contra 11 negativos a finales de septiembre pasado.
A partir de ahí, fue blanco de críticas por parte del arco opositor, quienes cuestionan que algunos artículos contemplados con la ley podrían representar un riesgo para la libertad de expresión.
En palabras de González Coria, las disposiciones mencionadas “podrían vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso”.
En esa línea, también argumentó que la normativa sancionada “otorga amplias facultades al fiscal especializado en ciberdelitos, lo que podría traducirse en interpretaciones arbitrarias y persecuciones a opiniones críticas sobre funcionarios públicos o instituciones”.
Los artículos
Recientemente, la legisladora del PRO emitió un comunicado señalando que “los artículos 5, 6 y 7 son inconstitucionales y contradictorios con el Código Penal de la Nación, al exceder las competencias provinciales en materia legislativa”.
En ese sentido, puntualizó los cuestionamientos a cada uno de los artículos mencionados, afirmando que, el artículo 5, por ejemplo, “establece agravantes para delitos de defraudación”, lo que, según la diputada, “invade competencias del Código Penal Nacional, una norma de fondo que debe prevalecer sobre legislaciones provinciales”.
En cuanto al artículo 6, refirió que: “Permite el secuestro de dispositivos electrónicos sin orden judicial previa”. En ese punto, González Coria señaló que “esta medida afecta gravemente la privacidad y podría ser utilizada para censurar las redes sociales, limitando la libertad de expresión y el control ciudadano sobre los actos gubernamentales”.
En el documento de la ley, se puede leer que: “El Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos, en cuanto la premura del caso lo requiera, queda facultado para disponer el inmediato secuestro y reserva de los dispositivos móviles, informáticos, electrónicos o cualquier otro en virtud de que existan sospechas”.