La Policía sobre ex agentes expulsados: “Pusieron en riesgo la institución”

A través de un extenso texto oficial, la fuerza provincial aseguró que la situación de los manifestantes “ya fue oportunamente analizada, resuelta dentro del marco legal vigente y debidamente notificada” mediante las vías administrativas y judiciales correspondientes.

Según expuso la institución, las desvinculaciones no obedecieron a “hechos aislados ni de escasa entidad”, sino a una “evaluación integral” sobre conductas que, de acuerdo al documento, “pusieron en riesgo la estabilidad institucional, el normal funcionamiento del sistema de seguridad y la confianza pública depositada en la institución”.

En el comunicado, la Policía remarcó además que las acciones atribuidas a los ex uniformados resultaron “incompatibles” con las condiciones necesarias para integrar la fuerza, tanto por cuestiones funcionales como por el incumplimiento de “estándares legales, administrativos e institucionales”.

Las sanciones están relacionadas a la protesta policial de mayo de 2024.

La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando los ex uniformados Diego Correa y Adolfo Guirula instalaron una carpa a lado de la principal puerta de ingreso a la Casa de Gobierno, reclamo al cual se sumaron al menos otros cuatro agentes también pasados a disponibilidad.

Los manifestantes exigieron la revisión de sus cesantías y solicitaron una audiencia con autoridades provinciales, ya que sostienen que fueron apartados de manera injusta y reclaman una solución política al conflicto.

En ese contexto, desde la fuerza provincial insistieron en que las presentaciones realizadas por los ex efectivos “ya fueron oportunamente atendidas y respondidas formalmente por el Estado provincial”, por lo que consideraron que las demandas actuales “carecen de novedad, sustento jurídico, así como de oportunidad”.

El comunicado también enfatiza que el ingreso, permanencia o reincorporación a la Policía “no depende de manifestaciones públicas ni de mecanismos de presión”, sino del cumplimiento de los procedimientos establecidos y de decisiones adoptadas por las autoridades competentes “en resguardo del interés institucional, del orden público y de la confianza ciudadana”.

Por último, la institución sostuvo que cualquier controversia pendiente debe canalizarse a través de las vías legales correspondientes y subrayó que “una manifestación pública no sustituye esos procedimientos ni modifica decisiones institucionales ya adoptadas conforme al marco legal vigente”.