Misiones acude a la Justicia por “bajas irregulares” en pensiones de Andis
El vicegobernador de la provincia, Lucas Romero Spinelli, anunció hoy que el gobierno misionero acompañará la presentación un amparo judicial para frenar las auditorías y bajar irregulares de pensiones no contributivas por discapacidad recientemente realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organismo que acapara la atención de todos tras el escándalo de los audios que revelan un presunto esquema de coimas que involucra a la hermana del presidente Karina Milei y que le adjudican a su ex titular Diego Spagnuolo.
Según informaron, la acción judicial será presentada este mediodía por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, la licenciada Tatiana Antúnez, organismo que depende de la Vicegobernación, ante la Justicia Federal.
El objetivo, añadieron, es retrotraer la situación a su inicio y garantizar que las auditorías que correspondan se realicen con transparencia, respeto y sin vulnerar los derechos de las personas con discapacidad.
“Estamos a favor de las auditorías, sí, por su puesto, son necesarias, pero sin vulnerar y sin socavar los derechos de las personas que más necesitan. Luego de haber agotado todas las instancias, personales, por mensajes, por email, la que ustedes imaginen durante más de dos meses, vamos a estar presentando una acción de amparo, una medida de innovar, para que se vuelva al momento cero de todos los misioneros que hayan perdido injustamente su beneficio”, señaló Romero Spinelli en una conferencia de prensa realizada hoy.
En Misiones los derechos no se negocian, se garantizan.
Hoy anunciamos nuestra presentación ante la Justicia Federal para frenar las bajas irregulares de pensiones no contributivas por discapacidad.
Muchas familias misioneras fueron vulneradas por auditorías mal realizadas, que… pic.twitter.com/sP73rRIFxC
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Entre los argumentos del gobierno provincial, sostienen que numerosas familias misioneras se vieron afectadas por la suspensión de sus pensiones, que en muchos casos representan su único ingreso.
Pero además de ello, alegan que varios damnificados fueron despojados de su beneficio de manera irregular, sin las notificaciones adecuadas, lo que impidió que muchos de ellos concurran a las citaciones realizadas para acreditar la necesidad de la prestación.
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