Presentan proyecto para que mayores de 60 años no paguen boleto en Posadas
Un proyecto de ordenanza ingresó hoy al Concejo Deliberante de Posadas, durante la primera sesión ordinaria del año, y propone modificar artículos del Reglamento del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros para reducir de 70 a 60 años la edad a partir de la cual los adultos mayores pueden acceder al boleto gratuito en la ciudad.
La propuesta surgió en el Parlamento de Adultos Mayores, impulsada por el posadeño Elvio Candia, quien promovió el planteo como "expresión de una demanda colectiva orientada a garantizar certeza en la aplicación del derecho reconocido". También fue acompañada por Ana Santa Teresa, quien participó en representación del Centro de Jubilados de San Gerardo y destacó la necesidad de "establecer con claridad el parámetro etario".
En ese marco, el concejal renovador Jair Dib presentó formalmente el requerimiento en el recinto con el objetivo de canalizar "la participación de los actores involucrados y fortalecer el principio de diálogo democrático que debe guiar la producción normativa", según señala en el proyecto de ordenanza.
En el texto, el edil plantea que debe considerarse lo establecido en la Ley Provincial XIX N.º 41 —antes Ley 3920— de Derechos de las Personas Mayores, que en su artículo 2 define como persona mayor a quien haya alcanzado los 60 años.
"La incorporación expresa de este criterio en la regulación local no altera el espíritu de la Carta Orgánica, sino que aporta seguridad jurídica, coherencia sistemática y uniformidad interpretativa con el estándar adoptado en el ámbito provincial", explica Dib en el documento, que este jueves fue girado a la comisión correspondiente para su tratamiento.
La modificación propuesta busca precisar el universo de destinatarios del beneficio y evitar posibles conflictos en su aplicación.
El proyecto también menciona que en otros municipios de Misiones se implementaron criterios etarios definidos y mecanismos administrativos para el acceso al boleto gratuito. En ese sentido, se citan los casos de Oberá, Garupá y Eldorado.
La iniciativa señala que la modificación se enmarca en las atribuciones municipales vinculadas a la organización y control de los servicios públicos locales y plantea que permitirá una aplicación uniforme del beneficio.