Senado aprobó reforma a ley de biocombustibles e incluyó a Misiones
El proyecto se aprobó con 41 votos afirmativos, entre los que se contaron los misioneros Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Goerling; 25 negativos y ninguna abstención.
La reforma sube del 12% al 15% la mezcla de bioetanol en las naftas, y eleva del 7,5% al 10% la cantidad de biodiesel en el gasoil.
El debate recogió la controversia entre las grandes aceiteras exportadoras y las pymes regionales, por cuanto la nueva ley reconfigura el mercado de biodiésel, quitándole la exclusividad a las pequeñas empresas y reduciendo su nicho progresivamente, del 6,5% al 4% hasta 2031, para permitir el ingreso de las multinacionales al mercado interno.
Para la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), la nueva ley los obliga a competir en absoluta desigualdad de condiciones y con la “cancha inclinada”.
La organización asegura que la nueva normativa pone en riesgo de quiebra a unas 25 plantas del interior del país y amenaza cerca de 10.000 puestos de trabajo regionales.
Bioetanol misionero
Inicialmente, la reforma alcanzaba solo a las provincias sojeras de la región pampeana y del NOA, productoras de caña de azúcar, pero por pedido del bloque de Arce y Rojas Decut, Misiones logró la incorporación, en el artículo 13 del proyecto de ley, de la biomasa forestal y los residuos celulósicos como materia prima para la producción de bioetanol.
Según los números mencionados en el recinto, la tierra colorada dispone de unas 13.000 hectáreas que podrían generar hasta 82 millones de litros anuales de bioetanol, atrayendo inversiones privadas a un sector forestal golpeado por la recesión.
Sin embargo, los parlamentarios misioneros no consiguieron incluir en el citado artículo la exigencia de que la materia prima provenga de bosques cultivados y no de bosques nativos.
Al momento de justificar el voto, Arce detalló que el respaldo al proyecto no significaba que la provincia hubiera abandonado el resguardo ambiental, que trasladó formalmente como una exigencia al órgano de aplicación, la Secretaría de Energía de la Nación.
“Acompañamos la ley porque nos incluye, pero le exigimos públicamente al Ejecutivo que constate que la materia prima sea exclusivamente cultivada”, señaló.
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