Proponen reforma del SEM: nuevos horarios, menos multas y licitación pública
Según adelantó Zarza a La Voz de Misiones, la iniciativa cambia el horario, que ahora sería de 07:00 a 13:00; baja las multas y extiende el plazo de pago para los infractores, y lo más importante: le quita al Ejecutivo la facultad de concesión del SEM por la vía del contrato directo, estableciendo el mecanismo de la licitación pública; y la decisión sobre las tarifas, que ahora serían tema del Legislativo municipal.
El proyecto del edil de Hacemos modifica los artículos 9, 10, 37, 39, 41, 48 y 49 del Anexo Único de la Ordenanza XVI - Nº 106, de 2022, que versan sobre las modalidades del servicio, en materia de tarifas y contrataciones públicas, infracciones, infractores, multas, plazos de pago y la suspensión de licencia para casos extremos.
Más por menos
En los fundamentos del proyecto, el edil de Hacemos sostiene que la idea es “restablecer el equilibrio de poderes consagrado” en la Carga Orgánica de la Municipalidad de Posadas, y que cuestiones como “la delimitación de zonas de estacionamiento medido y la fijación de sus tarifas son, por naturaleza, facultades del Poder Legislativo” municipal.
“Permitir que el Departamento Ejecutivo modifique valores o extienda zonas de control de manera discrecional desvirtúa el rol de control que tiene este Concejo Deliberante”, argumenta Zarza y sostiene que “al exigir autorización legislativa previa, se garantiza el debate público y la representación de los intereses de todos los vecinos”.
Escribe que, de igual manera, “la obligatoriedad del llamado a licitación pública para la contratación de terceros privados erradica la discrecionalidad en las contrataciones directas”. “Esto promueve la máxima transparencia, la libre competencia y asegura el uso eficiente de los recursos públicos”, señala.
En materia de faltas, el proyecto considera que “las sanciones deben tener un fin disuasorio y educativo, y nunca un carácter puramente recaudatorio”, por lo que “la modificación del régimen de penalidades introduce previsibilidad jurídica y proporcionalidad”.
“Por un lado, se otorga un plazo razonable de diez (10) días hábiles para el pago voluntario del acta de infracción, protegiendo el derecho de acción cancelatoria del conductor. Por el otro, ante el incumplimiento del curso de manejo y concientización, se endurece la sanción con una suspensión mínima de tres meses de la licencia de conducir”, describe y sostiene que “con esto se demuestra que la prioridad municipal es la seguridad vial y la reeducación ciudadana, antes que la mera penalización económica”.