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Viernes, 25 de septiembre de 2026- Posadas, Misiones, AR
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En el medio de una intensa lluvia que azotó a la provincia, el jueves las familias que viven desde hace más de 40 años en la chacra 43 -avenida Urquiza entre Lavalle y Gómez Portiño- de Posadas, conocido popularmente como barrio Patotí, conformadas por tres generaciones, sufrieron un nuevo intento de desalojo, por orden del Juzgado de Instrucción 3, a cargo del juez Fernando Verón, a instancias de una denuncia radicada por Oscar Jara, quien afirma ser propietario de parte de esas tierras, donde además funciona un merendero y un vivero comunitario, que en horas muy tempranas de ese día se llenó de numerosos efectivos policiales de la Comisaría Decimosexta.
Ante esto, inmediatamente las familias se movilizaron, y recibieron el apoyo y acompañamiento de vecinos y vecinas cercanas, el diputado Martín Sereno y su equipo, del Bloque Legislativo Tierra, Techo y Trabajo, quien se comunicó con el magistrado que tramita el expediente judicial, y al cabo de varios horas, se detuvo el proceso preventivamente.
Para el próximo martes está prevista una audiencia de mediación en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), ya que intervino la abogada de ese Centro, Luciana Sommer, que realizará una presentación de supervisión para validar los derechos de las familias, solicitando que se detengan los hostigamientos contra ellas.
También intervinieron, Cecilia Cristaldo, de la Secretaría de Integración Socio Urbana (Sisu), que depende de Desarrollo Social de Nación, y la representante legal de las familias, Ramona Gómez, que apelará la orden de desalojo, ya que a partir de una notificación del 4 de octubre, están trabajando en el proceso de documentación y recopilación de pruebas a favor de las y los habitantes, en espera de que se expida el Juzgado.
Como cada vez que los hostigan, las familias manifestaron una vez más que que están avaladas por el derecho posesorio consolidado por la cantidad de años de residencia y permanencia en el lugar, y tienen documentación del registro de inscripción del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) que las protege, de acuerdo a la Ley Provincial de Suspensión de Ejecuciones de Desalojos que está vigente, y el Certificado de Vivienda Familiar, expedido por Anses en el marco del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap).
Este certificado acredita los domicilios legales o fiscales ante cualquier autoridad pública nacional, provincial, municipal o empresa privada que lo solicite, porque las viviendas comprendidas en el Registro "no pueden ser desalojadas", especifica la norma.
En la sesión de este jueves, el diputado Sereno, repudió el nuevo intento de desalojo sufrido por las familias del barrio Patotí, y destacó que existe un proyecto de ley, autoría de su bloque -y otra del oficialismo- que desde junio del 2019, se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos Humanos, Municipales y Juicio Político.
El mismo propone suspender las sentencias que tengan por objeto ordenar desalojos y declarar de utilidad pública y sujeto a compraventa o expropiación, varios inmuebles de Posadas, con destino a sus actuales ocupantes, entre ellos los habitantes de la chacra 43, conocida como Patotí.
En el recinto, el legislador señaló que nuevamente "vivimos un episodio lamentable contra estas generaciones que desde hace más de 40 años residen en ese lugar, que al principio era una capuera y un pantano. Se ocuparon y lo transformaron en un barrio habitable, con familias trabajadoras, que además cumplen una función social importante porque llegan a otras que no son asistidas por el Estado, y brindan alimentos a más de 40 niños y niñas en un merendero y comedor popular que hace un tiempo fue atacado por violentos para amedrentarlos", cuestionó.
Ponderó la tarea de estas vecinas, que también en un sector de los lotes, organizaron un vivero comunitario, de donde obtienen recursos para sostener ese merendero.
El diputado Sereno agregó que por ahora lograron frenar el desalojo y se abrió una instancia de diálogo con una mediación entre las familias y el supuesto propietario, que pretende mensurar parte del lote; dejando afuera al merendero, al comedor y al vivero y el sector por donde pasan las mangueras de agua con la que se abastecen las familias.
"Nos duele que en la provincia sigan sucediendo estas injusticias cuando existen derechos a través de leyes provinciales y nacionales que protegen a estos ciudadanos misioneros y misioneras. Nos tranquiliza que hace unos días se haya aprobado el dictamen de prórroga de la Ley de Suspensión de Sentencias de Desalojos, hasta diciembre del 2023, como propuso nuestro bloque; pero también es urgente y necesario tratar el proyecto de ley de expropiación, para que desde el Estado se encuentre una solución definitiva para esas familias", advirtió el legislador de TTT.