Bloque de concejales de TTT expresan su rechazo al DNU "inconstitucional" de Milei
Los concejales del Partido Tierra, Techo y Trabajo, de Gobernador Roca, Bonpland, Puerto Leoni, Hipólito Yrigoyen y Mártires rechazan, a través de sendos proyectos, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 emitido hace unos días por el presidente de la Nación, Javier Milei, y publicado en el Boletín Oficial, denominado "Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, que dispone la derogación de más de 300 leyes vigentes en nuestro país, "en clara violación principios de división de Poderes" y a los preceptos contenidos en la Constitución Nacional en sus artículos 29 y 99 inciso 3.
Éste indica que el Poder Ejecutivo "no podrá, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos junto con el Jefe de Gabinete de Ministros".
En los Proyectos de Comunicación presentados por las y los ediles de TTT en sus respectivos municipios, recuerdan que el DNU avanza en la derogación de la Ley de Alquileres; las leyes de abastecimiento, de Góndolas, Compre Nacional, prestación de internet, medicina prepaga, obras sociales; modificación a las leyes de Contrato de Trabajo y Empleo y Protección del Trabajo (Ley 24.013), a las Leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual; de Tierras, Ambiente, Turismo y Deporte; al Código Aduanero; desregula las obras sociales, la habilitación de las privatizaciones, las modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación en lo referido a obligaciones contractuales.
Estado de derecho y sistema democrático en riesgo
Los ediles indican que "cada una de las modificaciones y derogaciones de estas leyes implican un grave retroceso en los derechos conquistados a lo largo de nuestra historia, como así también un avasallamiento al Estado de derecho. Que la norma en cuestión, de ilegalidad e inconstitucionalidad manifiesta, violenta los más elementales resortes del sistema republicano de gobierno y, por tanto, pone en crisis al sistema democrático mismo. En primer lugar, avasalla la división de Poderes, toda vez que el Ejecutivo Nacional se arroga facultades legislativas vedadas: la Constitución Nacional autoriza los Decretos de Necesidad y Urgencia para circunstancias excepcionales y en relación a determinadas materias", señalaron entre otros cuestionamientos.