Una decisión política desataría hace exactamente un año, una masiva e histórica protesta multisectorial en Posadas, impulsada por la pérdida del poder adquisitivo en consecuencia de los altos índices de inflación registrados en los tres primeros meses de gobierno de Javier Milei.
Previo al estallido social que repercutiría en los medios de comunicación nacionales e internacionales, el gobierno misionero implementaba mesas de diálogo para discutir paritarias estatales, que contaban con representantes sindicales de los sectores.
Incluso, la discusión también era dada con los voceros retirados de la Policía, Ramón Amarilla, Germán Palavecino y delegados, un sector que, por cuestiones legales y de seguridad no pueden estar sindicalizados, ni realizar paros o dejar sus puestos de trabajo.
A inicio de mayo del año pasado, los recortes nacionales a los fondos enviados a las provincias y la disminución de los subsidios a los servicios, sumado a los índices de inflación, deterioraron rápidamente los ingresos de los trabajadores del Estado.
Para ese entonces, los educadores agrupados en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), grupo disidente de los gremios oficialistas, y los agentes de la Salud Pública de Misiones eran quienes llevaban a cabo las movilizaciones, cada uno por su parte, en reclamo de una recomposición salarial "urgente" con marchas, asambleas, paro sin asistencia a los lugares de trabajo y cortes de ruta, entre otras medidas, en diferentes puntos de la provincia.
Por su parte, los voceros de las fuerzas provinciales acampaban frente a la Jefatura de Policía y exigían una apertura del diálogo con autoridades del gobierno misionero y la plana mayor policial, tras agotar las instancias administrativas y no obtener respuesta.
El quiebre del diálogo
Si bien el gobierno misionero mantenía activas las mesas de diálogos con salud y educación, los trabajadores y sus representantes rechazaban las ofertas propuestas por considerarlas insuficientes ante la crítica situación económica y reclamaban un incremento del 100%.
Pero la protesta de los estatales tomaría una relevancia mayor y unión de todos los sectores cuando, extraoficialmente, el gobierno rompió la mesa de diálogo con los referentes de la Policía de Misiones y del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y anunció un aumento del 8% para estos trabajadores, mientras los retirados y pensionados permanecían con el acampe afuera de la Jefatura a la espera de ser atendidos para discutir paritarias.
Por el otro, , una de las principales figuras de movilizaciones en defensa de los derechos de los trabajadores, también buscará acceder a una banca en la Legislatura el próximo 8 de junio por el frente Confluencia Popular por la Patria.
Luego de cuatro días de acampe, la familia policial levantó la medida de fuerza sin que se atendieran sus reclamos y regresaron a sus hogares con una relación truncada con las autoridades provinciales.
El diálogo estaba roto y el 17 de mayo del 2024 eso quedó demostrado ante toda la sociedad misionera cuando los mismos agentes activos de las fuerzas de seguridad irrumpieron ese viernes a la madrugada en el Comando Radioeléctrico de Posadas, dependiente de la Unidad Regional I, ubicado sobre la avenida Uruguay y calle Coronel Félix Bogado, en uno de los principales acceso a la ciudad.
El acampe frente al Comando Radioeléctrico duró doce días y concentró a unos 5.000 manifestantes.
Con el correr de los días, fueron más de 5.000 los efectivos activos que se apostaron en las afueras de la dependencia, reclamando al gobernador Hugo Passalacqua, al ministro de Gobierno Marcelo Pérez y al jefe de la Policía Sandro Matínez, que se diera marcha atrás con el incremento anunciado y que se vuelva a recibir a sus voceros y delegados retirados para negociar el aumento salarial, que al igual que salud y educación, pedían un 100%.
"En un período muy corto perdimos más del 50% del poder adquisitivo, lo decíamos públicamente porque era muy grave", expuso Germán Palavecino, suboficial mayor retirado de la Policía, que ofició durante años de vocero y fue expulsado de la fuerza cuando se desactivó el conflicto, en diálogo con La Voz de Misiones un año después del conflicto.
En esa línea, el ex vocero policial describió: "¿Cómo se sostenía la gente?, primero empezó con mayor endeudamiento, tarjeta de crédito, préstamos personales, recurría al prestamista domiciliario, al colombiano, al kiosquero, y esa situación se mantuvo hasta el mes de mayo que evidentemente la gente no aguantó más y salió desesperadamente a pedir este grito de auxilio a las autoridades".
Los activos
El conflicto no tardó en escalar a los medios nacionales. Los principales diarios del país informaban un "acuartelamiento", "toma del comando" y "levantamiento policial" en Misiones.
Mientras eso sucedía, más efectivos junto a sus familias llegaban del interior a la capital para sumarse a la protesta a la que algunos agentes de Posadas se presentaban con el uniforme de las fuerzas.
Palavecino atribuyó la medida de los activos de encabezar la protesta a "la comunicación que hizo el gobierno de la provincia, a través de la Jefatura, de que con nuestro sector no iba a haber más diálogo y que todas las recomposiciones que decidía el Ministerio de Hacienda- a cargo de Adolfo Safrán- iban a ser comunicadas por la Policía".
Esa decisión política fue "lo más desesperanzador que hubo. El canal del diálogo era lo que de alguna u otra manera permitió a nuestro sector estar un poquito mejor que otros tiempos, donde el policía salía a pedir a los comercios para comer, literalmente. Nadie quería volver a esa situación y por eso la gente salió a la calle", opinó el ex vocero en conversación con LVM.
También calificó a la protesta y acampe que duró 12 días frente al Comando como "un fracaso como sociedad política organizada, porque si uno mira para atrás se podría decir que es medio cíclico, en las distintas crisis que hemos vivido como población ocurrió lo mismo, en los 70 pasó en dos oportunidades, en 1984 y en 2012 pasó lo mismo, volvemos a cometer los mismos errores".
Y añadió que el problema radica en que como "sociedad organizada" no se "ha podido" institucionalizar los canales de diálogo para "que este tipo de cosas no sucedan, porque no afecta únicamente a los policías y penitenciarios, sino a toda la sociedad misionera. Hace falta una mirada profunda a toda esta cuestión".
Los docentes también acamparon sobre la avenida Uruguay, con días de sol intenso y calor, pero también con lluvias y temperaturas de un dígito.
Una unión impensada
Con la presencia de los medios nacionales que desembarcaron en Misiones para cubrir la protesta, el sector docente vio la oportunidad de que su reclamo salarial, que había comenzado muchos meses antes, también trascendiera a todo el país, apostándose con carpas improvisadas sobre la misma arteria, aunque unos metros alejados al considerar que los uniformados eran el "brazo ejecutor de la Justicia que los reprime" cuando se manifiestan en las rutas o en la Legislatura. A ambos sectores los dividía la avenida Trincheras de San José.
Sin embargo, no fueron los únicos que se unieron al conflicto que abarcaba una gran extensión de la avenida Uruguay de Posadas durante el mes de mayo. Agentes de sanidad, guardaparques, empleados municipales, trabajadores de Canal 12 y del Poder Judicial, entre otros estatales, buscaban que su reclamo por un incremento del 100% sea visible al calor de la quema de neumáticos, patrulleros y hasta un camión de bomberos cruzados sobre la avenida, bocinazos, asambleas, actos por el día patrio e incluso una misa realizada por Capellán Marcos Szyszkowski.
Por su parte, el gobierno misionero intentó desactivar la protesta multisectorial primero a través de la Justicia y luego anunciando un aumento salarial para todos los trabajadores del Estado, "el tercero" en lo que iba del año, según remarcó el gobernador Passalacqua en ese momento, aunque era una cifra alejada de lo que exigían los diferentes sectores.
En tanto, en un primer momento trascendió que el presidente Javier Milei decidió no intervenir en el conflicto afirmando que se trataba de un "problema provincial", por el contrario, después Nación armó un Comité de Crisis copresidido por el gobernador misionero y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien por "pedido del ministro Marcelo Pérez" envió a la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina para desactivar la protesta en el Comando.
Cumpliéndose tres días del inicio de la manifestación, el 20 de mayo, las fuerzas federales se presentaron en el Comando Radioeléctrico I de Posadas, pero encontraron la resistencia de los uniformados provinciales, activos y pasivos, y de los trabajadores del Estado que armaron una barrera humana para evitar que los agentes enviados por Bullrich avanzarán hasta el ingreso de la dependencia y el operativo fracasó. "Van a tomar palo de la Policía", lanzó contra los federales Ramón Amarilla con un amplificador de voz y la frase se hizo viral.
Germán Palavecino, junto a Ramón Amarilla, fue uno de los voceros de los policías en protesta.
"Una vivencia muy dolorosa y triste"
El ex vocero policial, Germán Palavecino, recordó los días del acampe como una situación difícil debido a que "las condiciones climáticas realmente nos castigó muchísimo, a toda la gente que estaba en la calle, con tormentas, con el frío, la humedad, no contar con lo sanitario. Era tanta la cantidad de gente que había problemas para racionar la comida, gente que comía cada tres días. Fue una vivencia realmente muy dolorosa y triste".
Sobre la relevancia a nivel país que tuvo la ocupación de la dependencia, porque en todo momento los manifestantes aseguraban que el Comando no estaba tomado y funcionaba normalmente, Palavecino sostuvo: "Nosotros lo veíamos venir, lo advertimos a las autoridades institucionales, tanto de la Policía y el SPP, como del ministerio de Gobierno y de Hacienda, pero sinceramente, tampoco pensamos que iba a escalar a tal punto".
Asimismo, expuso que tras escuchar el testimonios de diferentes manifestantes que participaron en de la medida de fuerza dimensionó más la situación. "Esa gente tocó el fondo del pozo. Se espera que el gobierno, que debe ser ejemplo en cuanto a la toma de empleados, no puede tomar en negro, o no debe estar precarizando en cuanto al pago de horas extras. Si el trabajador tiene sobrecarga horaria tienen que pagarle. También venían y nos mostraban el estado de los vehículos oficiales, 'así está funcionando la ambulancia' nos decían, realmente había un enojo por muchas cuestiones, pero fundamentalmente por no recibir la valoración en el sueldo".
Bajo la alfombra
En cuanto a las negociaciones para destrabar el conflicto, Palavecino relató: "Cuando nos convocan a nosotros- por los retirados- fue para que hagamos de voceros del reclamo y tratar de abrir alguna de las puertas gubernamentales para que nos permitan abordar el tema. Lo que más nos costó fue que el gobierno nos abra el diálogo".
Y continuó : "Estaban -por el gobierno- muy enojados porque se estaba mostrando una realidad que de alguna manera u otra estuvo bajo la alfombra, que no se veía, creo que eso causó mucho enojo por parte de las autoridades y como castigo no nos querían recibir, eso hizo que a nosotros nos costase muchísimo. Pasaban los días, cada vez se sumaba más gente, y pese a ello, no nos querían atender. Permanentemente insistíamos que necesitábamos la apertura del diálogo".
También apuntó a que las máximas autoridades "cuando salían en la prensa nos presentaban como delincuentes, sediciosos. Expresaban que nos iban a castigar, que íbamos a terminar presos, que nos iban a echar, y de hecho lo hicieron. Fue muy doloroso todo, pero había una decisión política de no atendernos".
Consultado por LVM cómo llegan a la instancia de diálogo que destrabó la movilización, Palavecino respondió: "Ellos, evidentemente, trabajaban una propuesta, en ese ínterin no nos recibían. Creo que un rol importante cumplió la prensa, que ayudó muchísimo, sino no sé qué hubiera pasado, ya se había cobrado la salud de mucha gente que no quería irse a su casa sin una respuesta".
"A veces pasaban cuatro días sin que pudiéramos reanudar el diálogo, estábamos las 24 horas esperando, de una manera muy desesperada esa comunicación del gobierno", agregó.
El Día de la Patria se celebró en el acampe sobre la avenida Uruguay.
Consecuencias
Finalmente, transcurrido 12 días, durante la medianoche del 29 de mayo, el gobierno convocó a los voceros de la protesta Ramón Amarilla y Germán Palavecino en la Jefatura de Policía. Allí se firmó un principio de acuerdo que desactivó el acampe en el Comando Radioeléctrico I.
El acuerdo incluyó una mejora salarial y una amnistía que dejaría de lado las sanciones administrativas a los agentes activos que participaron del reclamo.
“El compromiso que asumió el gobierno en materia salarial cumplió al pie de la letra. Ahora, ellos se comprometieron a no tomar represarías administrativas y eso no cumplieron, de hecho a mí me notificaron de la expulsión de la institución policial, yo ya me encontraba retirado, y el ministro Marcelo Pérez, a pedido de la Jefatura, por lo que reza la resolución, me expulsan, me arrebatan de manera deshonrosa el estado policial, el grado y pierdo mi haber de retiro”, señaló Palavecino en diálogo con LVM.
“Ahora estoy cobrando un haber de cesantiado, que es muy menor al que yo debería estar cobrando como suboficial mayor retirado de la Policía. Conmigo han expulsado a un oficial y a dos suboficiales más activos. Con esto me refiero exclusivamente por la protesta de mayo", contó, despegándose de los ocho policías destituidos meses después de la fuerza por la causa judicial por intento de sedición iniciada por el chat Solo Cola, que mantiene preso a Ramón Amarilla.
Palavecino afirmó que es una consecuencia “muy dura” la que recibió por haber oficiado de vocero durante la protesta y cuestionó: “Por más de 20 años, por aportes jubilatorio, me han descontado el 24% del sueldo y los otros años el 19%, son realmente muy importantes. Mi retiro policial no me lo regalaron, ni me fue gratuito o fácil”.
"Criminalización de la protesta"
Para los sectores docente y salud el desenlace del conflicto fue distinto, ya por su parte continuaron varias días más con diferentes actividades para hacer visible su reclamo por un “salario digno”.
Los trabajadores de la Salud Pública misionera, además de formar parte de la movilización sobre la avenida Uruguay, también instalaron un acampe dentro del ministerio ubicado sobre las calles céntricas Junín y Tucumán.
Por la ocupación del edificio público y finalizada la protesta, el fiscal de Instrucción Seis de Posadas, René Casals, y las autoridades del ministerio, a cargo del doctor Héctor González, radicaron denuncias contra Juan “Chito” Pasamán y Eduardo Tanuri, dos referentes del área Salud.
Chito Pasamán, es bioquímico del Hospital Madariaga y un histórico dirigente de ATE y CTA A Misiones, en tanto Eduardo Tanuri es uno de los referentes de la lucha de los trabajadores del Hospital Baliña.
El último jueves, ambos fueron citados a declarar en el Juzgado de Instrucción Seis de la capital. Otros diez trabajadores del sector comparecieron el año pasado ante la Justicia por la causa que está en su etapa de investigación.
El 27 de mayo de 2024 hubo sesión dentro de la Legislatura y afuera hubo palos y gases lacrimógenos.
Represión
Mientras las miradas de todo el país estaban sobre la situación que se vivía en la tierra colorada con la protesta multisectorial que era televisada minuto a minuto, los educadores agrupados en el FTEL, acompañados por otros manifestantes, decidieron marchar desde su punto de acampe, ubicado a pocos metros del policial, hasta la Cámara de Representantes de la provincia, el jueves 23 de mayo, donde se realizaba la sesión ordinaria.
Al llegar a la Legislatura, los manifestantes se encontraron con un edificio totalmente vallado y custodiado por uniformados de la Policía de Misiones que no habían adherido a la protesta y por agentes de las fuerzas federales.
Esta actitud de las autoridades provinciales no fue bien recibida por los cientos de trabajadores que buscaban que los legisladores, tanto oficialistas como opositores, atendieran su reclamo por una recomposición salarial y otras problemáticas que atravesaba principalmente educación.
Allí, frente a las cámaras de los medios más importantes del país y de la prensa local, el sector intentó derribar las vallas y cruzar la puerta de ingreso a la Legislatura. Fue entonces que se desató un violento enfrentamiento entre los trabajadores y los uniformados que ante el avance de la multitud comenzaron a reprimir con gases lacrimógenos.
Calmado el conflicto en la Cámara, la multitud cambió de coordenadas y se movilizó a pie desde ese punto hasta la casa del gobernador Passalacqua, ubicada sobre la calle 25 de Mayo casi avenida Mitre. La respuesta no fue diferente.
Cuando la movilización se acercaba al domicilio del primer mandatario, agentes de Infantería se acordonaron frente al lugar para luego disparar balas de goma y arrojar gases lacrimógenos. A la represión, los manifestantes respondieron con piedras hasta que entre ellos llamaron a la calma y, una vez que la tensión disminuyó, decidieron regresar a su punto de acampe.
Con la protesta policial desactivada, los educadores y agentes de sanidad continuaron con sus medidas de fuerza, tanto en la avenida Uruguay como en el Ministerio de Salud. Hasta que el gobierno llegó a un acuerdo y, por orden judicial, tuvieron que desalojar ambos focos de manifestación.
Al igual que los trabajadores de salud, referentes sindicalistas de los docentes también fueron judicializados y el próximo 15 de octubre Mónica Gurina, secretaria General de la CTA A Misiones, y Leandro Sánchez, secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem), irán a juicio oral por “desobediencia judicial” y “obstrucción de libre tránsito”.
Para los sectores docentes y salud que participaron de las medidas de fuerza del año pasado, la judicialización es una manera de "criminalizar la protesta" por parte del gobierno misionero.
De aquella masiva protesta multisectorial de hace un año quedó como símbolo de lucha la candidatura de dos importantes referentes de Educación y la Policía.
Por un lado, el ex policía Ramón Amarilla, quien está detenido hace más de siete meses en la cárcel de Cerro Azul por “intento de sedición y conspiración", se lanzó como candidato a diputado provincial por el partido Por la Vida y los Valores.