Mesa de diálogo para resolver conflictos entre vecinos y comunidades mbya
En la mañana de hoy, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, encabezó una mesa de diálogo junto a integrantes de distintas comunidades mbya, vecinos del Teyú Cuaré, autoridades provinciales y locales, y personal policial en San Ignacio.
Consultado por La Voz de Misiones, Rodríguez profundizó: “El objetivo principal fue bajar el tono al conflicto de vecinos con la comunidad Mbokajaty” y que, a su vez “el supuesto avance de un emprendimiento privado fue uno de los temas a tratar, también”.
Se trata de la comunidad que en julio pasado denunció al menos dos intentos de intrusión, además de otros episodios “de discriminación y violencia” que habría incluido el destrozo de sus viviendas y el robo de artículos personales. Sin embargo, los vecinos del lugar aseguran que son ellos quienes intentan “avasallar la propiedad privada”.
Diferentes posturas
En cuanto a la reunión, el titular de Asuntos Guaraníes cuestionó que los miembros de la comunidad hayan sido acompañados por miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
En sus palabras: “Mbokajaty participó junto a Emipa, cuando solo la comunidad tiene representatividad. Por este motivo se complicó el diálogo y tuvimos que concluir anticipadamente, porque los vecinos expresan que no son representativos para las comunidades, por lo que no quieren que participen. Con Mbokajaty sí, tienen toda la predisposición de charlar”.
Por su parte, Roberto Bonetti, vecino de la zona, desmintió la presunta construcción de un hotel y explicó: “El conflicto se dio entre las comunidades que fueron puestas acá por gestiones municipales anteriores y propietarios del lugar con título de propiedad, que tienen emprendimientos y pagan impuestos”.
“Estas comunidades lo que quieren es pasar por encima de los derechos de propiedad privada. Están avasallando los derechos de propiedad amparados en una ley y un relevamiento territorial llevado a cabo por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que son un fraude”, concluyó haciendo alusión a la Ley 26.160, la cual declara la emergencia territorial indígena y prohíbe los desalojos en todo el país desde finales del 2006.