Misiones participará junto al Inai del relevamiento a comunidades mbyá
En el último estudio realizado en la provincia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) contabilizó un total de 110 comunidades mbya con personería jurídica y 96 con relevamiento territorial. Luego de la primera reunión del Consejo Federal de Políticas Indígenas, realizada el viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el titular del Inai, Claudio Avruj, anunció la firma de convenios con cada una de las provincias argentinas para realizar los relevamientos territoriales en conjunto y adelantó su visita a Misiones.
Desde el año 2006, y conforme a lo establecido por la Ley 26160 sancionada a finales de ese mismo año, el Inai que ahora depende de la Secretaría del Interior, presta atención y apoyo a las comunidades indígenas presentes a lo largo y ancho del país, siendo el encargado de llevar adelante el relevamiento territorial como primer paso en el reconocimiento del Estado sobre las tierras que ocupan los pueblos originarios.
Consultada por La Voz de Misiones, la ministra de Derechos Humanos de la provincia, Karina Aguirre, calificó como “muy positiva” la reunión del Consejo Federal de Políticas Indígenas, de la que participó junto al director de Asuntos Guaraníes de Misiones, Francisco Rodríguez; el titular del consejo de caciques, Alejandro Benítez; y el propio Avruj, junto a representantes de 18 provincias.
En ese contexto, las autoridades misioneras plantearon acompañar a los técnicos del Inai y ser considerados al momento de realizar los relevamientos territoriales, a lo que respondieron de manera afirmativa. "Sobre todo considerando que junto a la Dirección de Asuntos Guaraníes podemos darle una mirada no solamente técnica sino también cultural y social de cada una de las comunidades, que enriquecerá los relevamientos territoriales que realizan habitualmente los técnicos del Inai”, sugirió Aguirre.
A su vez, plantearon la necesidad de unificación de criterios en torno al otorgamiento de personerías jurídicas bajo las mismas condiciones, tanto a nivel nacional como provincial, respetando el derecho de las comunidades de organizarse, no solamente desde la legislación nacional sino también atendiendo las particularidades y el contexto de cada una de las provincias.