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A través de un comunicado, señalaron que la comunidad, ubicada en la zona del Lago Urugua-í, denuncia un "nuevo capítulo de hostigamiento y vulneración de derechos territoriales por parte de la empresa Arauco S. A. y fuerzas policiales”, por lo que, ante la falta de respuestas estatales, “la comunidad se declara en estado de resistencia permanente en defensa de sus tierras ancestrales”.
El conflicto inició a fines del año pasado, cuando trabajadores de la empresa forestal “incendiaron y amenazaron” en reiteradas oportunidades a las familias de la tekoa.
En el mismo sentido, señalaron que el pasado 6 de febrero, “agentes policiales junto a personal de la firma se presentaron en el territorio, alegando su propiedad e intentando forzar a las familias a reubicarse en una zona inundable, sin consulta previa ni garantías”.
Frente a este tipo de hostigamiento que, aseguran, continuó durante el mes, la comunidad siguió pidiendo apoyo de las organizaciones y la sociedad en general, solicitó que la provincia ponga en defensa los derechos por su preexistencia étnica, como también la “recomposición de todo el daño que el Estado y las empresas han hecho sobre la cultura mbya”.
El pasado 4 de marzo, la Dirección de Asuntos Guaraníes se presentó en el territorio ofreciendo una mesa de diálogo entre la comunidad y la empresa, instancia que hasta el momento no fue concretada. "En el acta dejamos constancia de que ofrecimos una mesa de diálogo, pero la comunidad hasta ahora no dio respuestas", aclaró Francisco Rodríguez, titular del área estatal que se encarga de mediar los conflictos guaraníes.
Tal como explicó el cacique Javier Martínez en diálogo con La Voz de Misiones, el territorio en disputa antiguamente era ocupado por la tekoa Urugua-í, dirigida por los caciques Julio Duarte y Elvio Benítez, y fue desplazada de manera forzada tras la construcción de la represa homónima en la década del 90´, tras una inundación que afectó gran parte de la zona.
Actualmente son cinco familias con un total de 19 personas, entre ellas infancias y personas mayores que aguardan la tramitación de la personería jurídica que les permitirá permanecer en el predio sin el constante “asedio” de la empresa lindante.
“La tekoa pide respeto, exige recuperar el territorio indígena y que Arauco frene la violencia contra la comunidad en donde hay personas que necesitan la seguridad de vivir dignamente en un territorio del cual fueron expulsados y quieren volver porque no tienen a donde más”, solicitaron en el comunicado.
Para finalizar dejaron en manos de la provincia la voluntad de garantizar y cuidar su derecho al territorio, a la vivienda digna, la educación, energía eléctrica y demás servicios básicos.
En ese sentido, recordaron que, pese a la derogación de la ley 26.160 por el gobierno nacional, las comunidades indígenas y la posesión comunitaria aún se encuentran protegidas por la Constitución Nacional (Art. 75, inc. 17).
A su vez, el Convenio 169 de la OIT obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios sobre cualquier medida que los afecte.
Mientras las comunidades luchan por parcelas vitales, la empresa Arauco S.A. concentra entre el 8% y el 10% del territorio de Misiones, llegando a controlar más del 70% de la zona forestal de Puerto Libertad. “Estas 230.000 hectáreas de monocultivos forestales no solo desplazan comunidades, sino que generan un daño ambiental irreversible en la selva paranaense”, señalaron las organizaciones acompañantes.