Lo acusaron de Uber y se atrincheró en el auto: “No tienen justificación legal”
Un efectivo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) se atrincheró en su automóvil esta mañana en Posadas para evitar que su rodado sea secuestrado por agentes municipales que le labraron un acta de infracción al considerar que estaba prestando servicios de Uber.
El conflicto se inició hoy a las 10, sobre la calle San Luis, frente al Sanatorio Boratti, donde el agente penitenciario identificado como Hugo se encontraba a bordo de su automóvil Fiat Palio hasta que llegaron dos agentes de municipales que procedieron a labrar una multa por prestar “servicio de transporte de pasajeros sin habilitación”, lo cual incluía el secuestro del vehículo.
Ante esta situación, el uniformado se resistió al procedimiento y se negó a descender del automóvil, lo cual desató un conflicto que se extendió durante dos horas y que también derivó en la intervención de integrantes de la Dirección Agrupación Motorizada de la Policía de Misiones.
“Yo no estaba haciendo Uber. Simplemente estaba parado acá. No fueron capaces de mostrar una prueba para demostrar lo que solo ellos consideraban. Ellos no quisieron reconocer que se equivocaron. Está mal el procedimiento. El auto es mío, no me pueden sacar de adentro de mi propiedad. No tienen la justificación legal para sacarme el auto, por eso me rehusé”, expresó Hugo desde su auto durante un vivo de La Voz de Misiones.
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En la escena también estuvo el abogado del automovilista, Gustavo Candia, que intercedió en el procedimiento y alegó que “el medio que tienen los agentes para constatar que mi cliente está haciendo Uber es inexacto. El error es brutal. No pueden retener el vehículo”.
“Los concejales tienen que redactar la norma porque hoy estamos en la nebulosa y se genera estaba pelea entre trabajadores”, agregó Candia y en mismo sentido opinó un taxista que se sumó al debate en plena calle: “El Concejo Deliberante tiene que poner fin a este asunto. O hacer legal o hacer ilegal. Yo no me tengo que pelear con nadie. El Concejo dejó que esto avance y no soluciona nada. Si no se puede levantar la aplicación, que se legalice”.
Finalmente, el conflicto culminó pasada las 12.15, cuando las partes acordaron colocar una faja de clausura sobre el rodado y que el propio conductor traslade el vehículo hasta el corralón municipal con la escolta de efectivos policiales.